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Mientras el terrorismo deja un reguero de muertos en el sur del país y Petro se va de fiesta, explotan más escándalos de corrupción en la Casa de Nariño y las derechas se destrozan entre sí, abriéndole calle de honor a la Presidencia al candidato de la extrema izquierda, el Contralor General de la República reitera que el nuevo presidente hallará raspada la olla de la economía nacional. Creemos que ni siquiera olla encontrará.
El panorama de la crisis fiscal es alarmante. La sola deuda pública que se topará el próximo mandatario, según cifras del Fondo Monetario Internacional a febrero de este año, llega a 1.239 billones de pesos, lo que equivale al 63% del PIB. Aumentó en el último año 203 billones de pesos, con una disparada de los intereses pactados, superiores al 13%, cifra que no tiene pares en la historia del endeudamiento público. La aversión petrista hacia el FMI los llevó a endeudarse con entidades financieras que cobran el doble de las tasas que tenía con este organismo, préstamos que le han generado “un sobrecosto anual de 2 billones de pesos” que, por supuesto, estará a cargo del ciudadano/contribuyente. El solo servicio de la deuda que alcanzó el año pasado la suma de los 105 billones de pesos, equivalente al 23% del gasto público total, se tragara el año entrante el 30% del Presupuesto Nacional, según cálculos del exministro Juan Camilo Restrepo.
Hay presagios de terremoto devastador en las finanzas del Estado. La Contraloría General señala que las solas EPS acumulan deudas por 33 billones de pesos a corte del 2024, suma que se ha incrementado exponencialmente en lo que va de 2026. Y como cereza del amargo bizcocho, el Estado colombiano tiene 17 billones de pesos pendientes de pago por condenas judiciales.
Uno de los pasivos más apremiantes lo constituye la reparación de las víctimas del conflicto armado. Están pendientes de reparar cerca de 8 millones de ellas. Se requiere, para indemnizarlas, 133 billones de pesos. En tanto, los victimarios no aportaron lo que prometieron al firmar el Acuerdo de Paz santista. Se han burlado no solo del Estado sino de las víctimas, que andan con la mano extendida esperando una reparación que cada vez se vuelve más lejana. Ni sus lágrimas conmueven al régimen populista.
El país está revolcado. “Han emigrado millón y medio de colombianos desde el 2022”, afirma el expresidente del BID, Luis Alberto Moreno. Desolador panorama que recibirá el nuevo inquilino de la Casa de Nariño. No solo tendrá que lograr la reconciliación nacional de una nación desvertebrada, sino generar oportunidades y seguridades para evitar más fuga de compatriotas. Entrar de lleno a sanear unas finanzas desmirriadas a través de disciplina fiscal. Darle trasparencia al manejo de los recursos públicos. Imprimirle eficiencia al recaudo de impuestos, reorientar los subsidios de carácter social, y elaborar un Presupuesto Nacional que pueda y sepa ejecutar.
Colombia merece volver a ser viable. Pero si se repite lo que hay, posibilidades abiertas por la pugna tribal de las derechas, salir adelante será una utopía. Y allí se protocolizará la disolución democrática.
