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Columnistas | PUBLICADO EL 23 enero 2022

Materia obligatoria para los candidatos

Por Rafael Pardo Rueda redaccion@elcolombiano.com.co

La Misión de Empleo, inaugurada hace poco más de dos años con bombos y platillos, no ha merecido un solo comentario de los más de treinta precandidatos presidenciales y ni un solo comentario de los más de dos mil candidatos al Senado o la Cámara de Representantes. El 12 de enero fue la presentación de la Misión de Empleo a cargo del director de la Misión, Santiago Levy, un economista mexicano que trabaja en el BID. El codirector colombiano es Darío Maldonado.

El que sí se pronunció rápidamente fue Fabio Arias, fiscal de la CUT, que publicó una columna con su posición en Las Dos Orillas: dijo que era las mismas recetas de los numerosos economistas neoliberales, que coinciden plenamente con las recomendaciones que han hecho el FMI, el BM, el BID, etc. Su reacción no dice mucho.

Tiene la Misión de Empleo un antecedente, la Misión Alternativa de Empleo e Ingresos, lanzada el 15 de julio del año pasado. Fueron promotores la Escuela Nacional Sindical y siete centros de investigación y el exsecretario de Hacienda de Gustavo Petro, Ricardo Bonilla, fue su director. La Misión Alternativa tiene diez propuestas. Empezando por un acuerdo nacional de compromiso por la paz. Y, entre otras, diversificar la estructura productiva y superar el rentismo, fomentar la economía campesina y la soberanía alimentaria y financiar el Estado con progresividad. Establecieron como derroteros poner en pie de igualdad la economía popular con la oligopólica, eliminar la discriminación de género, garantizar el derecho de la Asociación Sindical, reformar el sistema de salud y construir un verdadero piso de protección social.

Los sindicatos, CUT, CTC y CGT, apresuradamente, dijeron que la Misión de Empleo no ha tomado en cuenta la migración de Venezuela, entre otros asuntos. Sobre esas recomendaciones aún nadie se ha pronunciado tampoco. Es posible que resulten demasiado ambiciosas y generales y, sobre todo, ideológicamente en la esquina izquierda. Pero hay algunas muy valiosas.

Volviendo a las conclusiones de la Misión de Empleo, preguntado el codirector de Misión sobre cuál sería el orden o las prioridades, tres días después en conversatorio organizado por Planeación Nacional, respondió que habría que empezar por bajar los costos laborales para la empresa. Siendo sincero, ayuda a la formalización, pero no ayuda a la generación de empleo. En segundo lugar, estaría el seguro de desempleo y las reformas al código sustantivo de trabajo. Todas con importante costo fiscal, indudablemente, pero necesarias.

Si, de acuerdo con la Misión de Empleo, el mecanismo de protección al cesante representa un 11 % de lo que recaudan las cajas de compensación (que es 4 % de la nómina de las empresas), y hay que ampliarlo y, de paso, revisar si el porcentaje destinado a las cajas es muy alto, me pregunto si conviene disminuirlo. No menos importante, está la recomendación de una pensión ciudadana. Una idea que ha sido planteada por Fedesarrollo y Alejandro Gaviria. Se trata de que todo el mundo tenga una pensión, sin importar el estrato, una pensión ciudadana no contributiva, a través de la cual cada uno de los pensionados recibiría más o menos 400.000 pesos. Si quiere, y puede, tener una pensión tendría la posibilidad de acudir (cotizar) a los fondos privados para complementar la pensión. Esto requiere un esfuerzo mayor porque requiere una reforma al articulo 48 de la Constitución, que señala que la pensión no puede ser inferior al salario mínimo. El periodo de transición debe ser de 10 o 15 años.

También tiene un costo fiscal: más o menos 4 % del PIB y con el Seguro al Desempleo puede llegar al doble, más la reducción de costos para las empresas. Eso exigiría tramitar una reforma tributaria.

No dice cuál es el orden para hacer las reformas.

Las recomendaciones, fórmulas, recetas, están sobre la mesa. Pero no hay una ruta definida de cómo proceder. Ideal que los candidatos presidenciales la planteen y cuando lo hagan no deben ignorar que hay una Comisión (tripartita) de Concertación de Políticas Laborales y Salariales y un Congreso. A cualquiera que se le ocurra hacer algo en términos de empleo debe tener en cuenta esa instancia. Requiere mucha concertación y un espíritu abierto para llegar a acuerdos. Es deseable un acuerdo político para pasarlo por el Congreso y un acuerdo entre las tres partes (gremios, sindicatos y gobierno) para pasarlo por la Comisión. El país lleva al menos discutiendo casi una década sin ponerse de acuerdo, que no pase lo mismo que con todas las reformas adicionales para superar la crisis de empleo y acomodarse a los nuevos tiempos  

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