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Hay principios cuya verdadera importancia solo se pone a prueba cuando benefician a quien pensamos que no los merece. Es fácil defender las garantías para los propios. Lo difícil, y precisamente por eso lo verdaderamente democrático, consiste en defenderlas también para los adversarios.
La reciente autorización del Congreso para que el expresidente Gustavo Petro pueda salir del país durante el año siguiente a la terminación de su mandato ha generado críticas desde algunos sectores de la derecha. Sin embargo, esa decisión, lejos de constituir una concesión política, representa un acto de fidelidad a la Constitución y al Estado de Derecho. La autorización prevista en la Constitución no fue concebida como un mecanismo de castigo, ni como una herramienta para prolongar la confrontación política. Es un control institucional que debe ejercerse conforme a criterios jurídicos objetivos, no al vaivén de las emociones coyunturales. Y los hechos son claros. Contra el expresidente Petro no existe una sentencia, una medida de aseguramiento, una orden judicial que limite su libertad de locomoción, ni una decisión de órgano competente que permita concluir que representa un riesgo para la administración de justicia. En esas condiciones, impedirle salir del país carecería de fundamento constitucional. Más aún, una decisión de esa naturaleza difícilmente resistiría un control judicial.
Todo ciudadano conserva sus derechos fundamentales mientras no exista una causa legal – no subjetiva, no política, no intuitiva- que los restrinja. La libertad de circulación, el derecho al trabajo y el libre desarrollo de la personalidad no desaparecen por el hecho de haber ocupado la Presidencia. Si el expresidente desarrolla actividades académicas, dicta conferencias, turistea o realiza cualquier otra actividad lícita en el exterior, el Estado no puede impedírselo por razones de animadversión política o personal. Convertir una autorización constitucional en una sanción política, sería desnaturalizar por completo su finalidad.
La experiencia comparada ofrece una enseñanza constante. Las democracias sólidas no funcionan sobre la base de excepciones creadas para castigar a un adversario particularmente impopular. Funcionan gracias a precedentes estables. Cuando una institución abandona el derecho para satisfacer una emoción colectiva, el precedente, peligrosísimo, queda instalado. Hoy podría aplicarse contra Petro. Mañana podría utilizarse contra cualquier otro expresidente de signo ideológico distinto. Y resulta que las instituciones sobreviven precisamente porque se niegan a decidir según el destinatario de sus decisiones.
También existe un argumento político que no debería ignorarse. Negarle la autorización sin una justificación jurídica sólida convertiría al expresidente en víctima de una arbitrariedad fácilmente denunciable. Desplazaría el debate desde las eventuales responsabilidades que puedan discutirse en los escenarios competentes hacia una controversia sobre persecución política. Sería regalarle una bandera narrativa innecesaria y, al mismo tiempo, debilitar la credibilidad de quienes exigen que todas las investigaciones se desarrollen con rigor, imparcialidad y pleno respeto por las garantías.
Por eso sorprende que algunos voceros políticos prefieran sacrificar principios institucionales en busca del aplauso inmediato y el flash vanidoso. Ninguna democracia se fortalece cuando sus dirigentes cambian el derecho por la conveniencia protagónica del momento. Un “like”, un titular o unos minutos de gloria en redes sociales jamás pueden justificar el debilitamiento de las garantías que mañana protegerán también a quienes hoy las relativizan.
La diferencia entre una democracia liberal y un régimen de arbitrariedad consiste precisamente en que la primera limita incluso el poder de quienes tienen la mayoría para impedir que la pasión política sustituya a la ley. La institucionalidad existe para contener nuestros impulsos, no para convertirlos en decisiones oficiales. Parafraseando a Don Nicolás Gómez Dávila, podríamos decir que, para ciertos activistas, los problemas del país no son una responsabilidad que hay que resolver, sino apenas el insumo cotidiano para resolver su propio problema de visibilidad en las redes sociales. Las democracias, en cambio, solo perduran cuando sus dirigentes entienden que los principios dejan de ser principios, el día en que solo estamos dispuestos a aplicarlos a nuestros amigos.
