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Al inicio del mandato del presidente Petro, escuché cuando un alto funcionario de su gobierno dijo, muy orgulloso, “el sector privado debe saber que esto cambió. Hoy son un actor más para el Gobierno”
Esta frase ha ido cobrando sentido con el paso del tiempo. Que se entienda bien: celebramos la inclusión de otros y nuevos grupos poblacionales en la conversación, pero incluir a unos, no tiene por qué conducir a la exclusión de otros. No se trata de una suma cero. Desafortunadamente, en los últimos años el empresariado ha estado permanentemente bajo sospecha.
Lamentable, porque en este diálogo amplio que requiere Colombia, y ante los enormes problemas públicos que nos aquejan, el sector privado tiene mucho que decir, tiene el deber de decirlo y debe ser escuchado. No en vano es protagonista del desarrollo económico, genera el 96% del empleo y, según el DANE, representa alrededor del 86% del PIB nacional. Aporta, además, a la generación de riqueza, desarrollo y calidad de vida: solo en la RedPRO, más de 540 organizaciones del sector privado se reúnen para trabajar desde las regiones por la agenda social de Colombia.
Esta convicción del aporte de lo privado y la certeza de que el país progresa como resultado de un esfuerzo colectivo, nos impulsa a seguir trabajando, pero también a alzar la voz para decir que el país no va bien. No va bien en salud, donde más de 35 millones de colombianos tienen incertidumbre sobre el sistema. No va bien en seguridad, cuando solo en 2023, más de 334 mil personas fueron víctimas del conflicto armado. No va bien en educación, cuando el Gobierno Nacional no paga la matrícula cero a las universidades públicas desde el primer semestre del 2024. No va bien en la economía, con un creciente déficit fiscal del 6.1%.
La falta de claridad y la improvisación en la política económica y social, así como las ya tradicionales diatribas vía “X”, no solo siembran desconfianza, también obstaculizan la inversión y el crecimiento. Mientras el Gobierno se enreda en escándalos de corrupción y pugnas internas, el sector privado ha tenido que asumir el rol de contrapeso, no por intereses políticos, sino por la necesidad de balancear el debate público y salvaguardar el progreso y la estabilidad de Colombia.
Es lamentable que, ante el sesgo y la estigmatización, Colombia haya perdido una gran oportunidad de construir consensos. El sector privado en Colombia ha sido ante todo institucionalista, respetuoso de las decisiones que se han tomado en democracia y desde el inicio del Gobierno estuvo dispuesto a buscar puntos comunes de trabajo.
En el último tercio del mandato presidencial, ante un escenario de desesperanza y frustración, nos corresponde a los líderes construir caminos, administrar la incertidumbre y mantener la mirada en las posibilidades. Soñarnos una Colombia garante de las reglas de juego que hemos construido por décadas, habilitadora del trabajo articulado entre lo público, lo social y lo privado, respetuosa de las diferencias y enfocada en hacer que sucedan grandes transformaciones. Esta no es una tarea fácil y tampoco puede ser una responsabilidad exclusiva de la política.
Sentirse orgullosos del quehacer privado. Enfocarse en acabar la pobreza y no la riqueza. Sacar la cabeza sin cálculos. El sector privado es un catalizador del progreso y las oportunidades. Tiene mucho para decir y hacer. Vamos a seguir cuidando al país.
*Presidenta Ejecutiva Proantioquia
