Pico y Placa Medellín
viernes
2 y 8
2 y 8
El departamento del Cauca, y en general el pacífico colombiano, han sido símbolo persistente de la violencia que ha marcado al país en décadas. A pesar del optimismo que generó la firma del Acuerdo de Paz en 2016 entre el gobierno colombiano y las FARC, el Cauca y otros territorios del país siguen atrapados en un ciclo de conflicto que pareciera perpetuo. La realidad actual de la región, marcada por graves violaciones al derecho internacional humanitario (DIH) y los derechos humanos, nos obliga a reflexionar sobre las promesas incumplidas por parte del gobierno nacional.
En 2023 según informe del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) y la ONG Colombia Diversa (2023), se documentaron 121 casos de infracciones al DIH, 42 violaciones a los derechos humanos y 212 casos de violencia político-social. Estas cifras no solo representan estadísticas frías, sino que reflejan el dolor de cientos de familias, el desplazamiento forzado de comunidades enteras y la creciente sensación de inseguridad.
El respaldo masivo que el presidente Gustavo Petro y Francia Márquez recibieron en las elecciones de 2022 en el Cauca, donde el 79% del electorado los votó, refleja la esperanza de la población en un cambio. Pero la esperanza, se quedó en eso. En un sueño que se construyó en discursos populistas y que hoy se resquebraja ante la inacción y el olvido. Las expectativas de paz y progreso con la que sedujeron impunemente a los votantes, chocan de frente con una realidad dominada por el terror y la zozobra.
La situación en el Cauca es insostenible y exige una respuesta inmediata del gobierno. No podemos permitir que siga siendo un epicentro de sufrimiento y desesperanza ante la mirada impávida de quienes los utilizaron en las elecciones y hoy los olvidan. Esos “nadies” que fueron los protagonistas de sus discursos, hoy son los protagonistas de su olvido.
Que sepan el presidente y la vicepresidenta, que además es de esta región, que no les estamos pidiendo un favor. No se confundan. Les estamos exigiendo que actúen conforme a los mandatos constitucionales. Cualquier cosa diferente, cualquier dilación es complicidad con el delito y tiene que acarrearles consecuencias penales por sus omisiones. Es imperativo que se implementen medidas que no solo detengan la violencia, sino que también aborden las causas profundas del conflicto. Eso que era tan urgente en sus discursos, ya no da espera en la práctica.
La justicia debe ser accesible para todas las víctimas y los responsables de las violaciones de derechos humanos deben ser llevados ante la ley. No más condescendencia con los delincuentes mientras juzgamos de forma radical a nuestros militares. No más tergiversación de la historia. No más displicencia.
La paz en Colombia no será completa mientras el Cauca siga siendo una herida abierta en el tejido social del país. Es necesario proteger a la población civil y que la paz no sea solo un acuerdo en papel, sino una realidad tangible para todos los colombianos. Los habitantes del pacífico colombiano, somos más que votantes, somos colombianos que merecemos la protección del Estado y la garantía de nuestros derechos. No más descaro impune.
