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En tanto los dos candidatos presidenciales judicializan la política y el Gobierno Nacional echa a patadas a un general de tres soles, el Índice Global de Paz señala a Colombia como “el país menos pacífico de Suramérica”. Dejando a un lado los eufemismos, somos el país más violento de la región. Con el agravante de que cada día se desmoraliza más la Fuerza Pública, sacando a empellones a sus comandantes más experimentados, encargados de combatir la subversión.
Desde que se inició el actual régimen, cerca de 300 oficiales de Ejército y Policía han visto sus cabezas rodar por el suelo. De esos, 80 generales y almirantes han pasado por la guillotina. La purga, al mejor estilo estalinista, ha truncado la carrera de una mayoría de hombres de lucha y pundonor. Como abrebocas, antes se habían eliminado fuerzas que hacían tareas conjuntas para enfrentar la subversión, como Titán, Vulcano, Apolo.
Para justificar esos despidos se argumenta que, dados los discutibles resultados en el manejo del orden público –con un terrorismo enceguecido, con 27.000 combatientes y redes de apoyo urbanas y rurales activadas, el secuestro disparado– se les ha cortado la cabeza a muchos oficiales que no supieron sintonizarse con las estrategias que requería el país para enfrentar tales desafíos. Otros, más socarrones, interpretan la barrida de oficiales con gran experiencia, a que se habían vuelto incómodos para el régimen y era necesaria para evitar sobresaltos, generados en los excesos autoritarios presidenciales. Y no faltan los más suspicaces que traducen esas destituciones castrenses, como estrategia para facilitar el control del Ejército, medida de precaución para que el actual sistema tenga la tranquilidad de poder desconocer el resultado electoral de la elección presidencial, si este no favorece a su candidato, o inclusive de torcerle el pescuezo a la Constitución para llegar a decisiones temerarias.
A la expulsión de los altos mandos del Ejército se agregan no solo las limitaciones en los medios de transporte –helicópteros y aviones– sino la baja en el número de efectivos. En estos cuatro años cayó de 460 mil uniformados, a 400.000, lo que representa una caída cercana al 15%, en contraste con el aumento de las guerrillas y demás grupos ilegales, que han crecido en forma desproporcionada. Y en el solo 2025 fueron asesinados más de 170 uniformados entre militares y policías, registrándose la cifra más alta en la última década.
¿A quién, fuera de la subversión, le interesa debilitar al Ejército? La estrategia de hacerlo, ¿hace parte de la frustrada “paz total”? ¿Serán condiciones impuestas por la ideologización de la izquierda extremista para debilitarlo frente a una eventual intervención para defender no solo la vida, honra y bienes de los colombianos, sino la misma institucionalidad colombiana? ¿Qué se busca al desprestigiarlo, zarandearlo y hasta intentar manipularlo? ¿Quizá se aspira a tener nuevos mandos con inclinación de izquierda, con la intención de apoyar cualquier locura anticonstitucional del actual Gobierno?
A medida que se descabezan oficiales de la Fuerza Pública, surgen nuevos interrogantes y se multiplican las especulaciones sobre las razones de las purgas.
