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Las Entidades Promotoras de Salud se han convertido en el actor más impopular de salud en Colombia. Pacientes, prestadores, autoridades territoriales y del actual gobierno central suelen percibirlas como “las malas del paseo”, señalándolas de ser las responsables de los fallos del modelo. Esta narrativa ampliamente difundida desconoce la complejidad de su rol institucional y las tensiones estructurales que caracterizan un esquema basado en aseguramiento, riesgo financiero y control del gasto.
En primer lugar, las EPS operan en un marco regulatorio que las obliga a garantizar el acceso a los servicios, gestionar el riesgo en salud de sus afiliados y, simultáneamente, administrar una prima fija que no crece al mismo ritmo que la demanda. Esta combinación genera un marco de incentivos que, por diseño, les exige optimizar el uso de los recursos asignados. El control del costo, entonces, no es una opción discrecional sino un mandato institucional. La impopularidad surge cuando la racionalidad financiera entra en tensión con las expectativas de acceso ilimitado, generando la percepción de que niegan o demoran servicios de manera arbitraria, aun cuando muchas decisiones se fundamentan en normativas técnicas, evidencia clínica y criterios de costo efectividad.
En segundo lugar, los pacientes experimentan el sistema a través del contacto directo con la EPS. Cuando existe una demora, un trámite adicional o una negación, la entidad se convierte en el rostro visible del problema, dejando relegados del escrutinio público a otros actores con responsabilidades igualmente determinantes. Aunque el Estado fija el plan de beneficios, determina los valores de reconocimiento y los prestadores finalmente ejecutan la atención, son las EPS quienes comunican las decisiones, gestionan la autorización y responden por la oportunidad. Esto concentra las frustraciones del sistema en un solo actor, incluso cuando su causa real se origina en rezagos de regulación, insuficiencia presupuestal o deficiencias de oferta hospitalaria.
Por su parte, los prestadores también tienden a ver las EPS como su principal antagonista. El regateo en las tarifas, las demoras en los pagos, las glosas y los procesos de auditoría generan fricciones permanentes. No obstante, son mecanismos de revisión inherentes al modelo de aseguramiento con el propósito de verificar pertinencia, evitar sobrecostos, prevenir fraude y garantizar la sostenibilidad financiera. La tensión se intensifica cuando hay deficiente financiación estructural, actuando como amortiguadores entre un sistema crecientemente demandante y un flujo de recursos limitado. En este escenario, cualquier restricción se interpreta como mala fe, aun cuando responda a situaciones fuera de su control.
La narrativa actual que ubica a las EPS como las culpables absolutas del deterioro del sistema simplifica en exceso un problema multicausal originado por déficits crónicos de financiación, inequidades regionales en oferta de servicios, múltiples fallos regulatorios y una judicialización creciente. Aun así, la opinión pública suele acusar las EPS, sin distinguir entre abusos reales y decisiones legítimas de gestión del riesgo.
Colombia enfrenta la difícil tarea de lograr equilibrar derechos, expectativas y sostenibilidad. Acabar las EPS no resolverá el problema, solo logrará agravarlo. Están buscando el “ahogado aguas arriba”.
