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Tenía ganas de dedicar mi columna a los múltiples escándalos que consumen la agenda nacional, pero hay algo que merece también atención: la política exterior del gobierno Petro, que pretende proyectarse como audaz e influyente, aunque los hechos muestran lo contrario. La retórica del liderazgo regional y global contrasta con resultados discretos y decisiones improvisadas que debilitan la credibilidad del país en el exterior.
Mucho se ha hablado del protagonismo del Presidente en foros como la CELAC o en grandes escenarios multilaterales donde insiste en presentarse como una voz central del sur global. Sin embargo, los hechos cuentan otra historia: muy pocos jefes de Estado han visitado Colombia durante su gobierno. Salvo la presencia reciente de Lula da Silva, las visitas de alto nivel han sido escasas, protocolares y sin grandes anuncios. En diplomacia, la ausencia también comunica, y lo que comunica es falta de relevancia.
A esto se suma un anuncio inquietante: la intención del gobierno de eliminar los requisitos académicos y profesionales para ser embajador o cónsul, permitiendo que cualquier colombiano mayor de 25 años pueda ocupar esos cargos. Es difícil imaginar una señal más clara de politización. La carrera diplomática —una de las pocas instituciones que conserva criterios de mérito, formación y continuidad técnica— quedaría relegada, abriendo espacio a nombramientos improvisados o de conveniencia política.
Y como si esto fuera poco, el Ejecutivo ha decidido abrir un número significativo de nuevas embajadas y consulados sin ofrecer una explicación técnica clara sobre sus beneficios para el país. No conocemos análisis de impacto, justificaciones estratégicas ni estudios de costo-beneficio. Las decisiones parecen responder más a afinidades personales del Presidente por ciertos países o causas, que a una hoja de ruta coherente de inserción internacional. Una embajada no es un símbolo vacío: requiere recursos, objetivos claros y continuidad. Abrirlas sin criterio es otra forma de improvisación.
El problema no es solo institucional; también es práctico. Sin un servicio exterior profesional, sin claridad de prioridades y sin constancia en la ejecución, Colombia pierde relevancia. Las relaciones internacionales se construyen con preparación, reglas estables, mensajes consistentes y capacidad de negociación. El mundo no funciona a punta de discursos altisonantes ni de declaraciones unilaterales que pocos toman en serio.
La paradoja es evidente: mientras otros países de la región —de todos los signos políticos— fortalecen sus agencias de comercio e inversión, cuidan sus cuerpos diplomáticos y consolidan estrategias de competitividad internacional, Colombia opta por desinstitucionalizar y politizar su política exterior. En lugar de construir credibilidad, la erosiona. En vez de planear a largo plazo, responde con impulsos de corto vuelo.
Los desafíos globales del país son demasiado grandes para manejarlos así: transición energética, seguridad hemisférica, nuevas cadenas de valor, migración, cooperación científica, inserción en Asia, modernización comercial. Todos requieren una presencia internacional seria, estable y respetada. Ninguno se resuelve con improvisaciones.
De cara al 2026, los aspirantes presidenciales tienen aquí un terreno fértil y urgente: proponer una política exterior pragmática, profesional y orientada al interés nacional, no a la intuición personal del mandatario de turno. Colombia necesita recuperar seriedad, instituciones fuertes y prioridades claras. La política exterior no es un accesorio ideológico; es una herramienta estratégica para el desarrollo.
Este gobierno ha ofrecido palabras grandes, pero resultados modestos. Ojalá el próximo ofrezca menos eslogan y más Estado. Porque la influencia no se declama: se construye. Y en ese terreno, Colombia lleva demasiados años improvisando.
