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Columnistas | PUBLICADO EL 07 septiembre 2021

La violencia disfrazada de paro político

Por Hernán González Rodríguez

Encabeza las propuestas imposibles de aprobar en el Congreso la de los señores de la Primera Línea, la cual pretende que le aprueben una renta básica mensual de un salario mínimo (908.526 pesos) para unos 7 millones de familias, con un costo de 76 billones por año. Pero se oponen estos, a la par, a una reforma tributaria que espera recaudar 15 billones. Exigen, además, la gratuidad para todos los estudiantes en la educación superior pública. También se opone la Primera Línea a la aspersión aérea con glifosato de los cultivos de coca, entre otras cosas inaceptables.

Se queja la Primera Línea, a continuación, de que el Congreso de Colombia no le dé tratamiento prioritario a su proyecto de ley con las diez iniciativas que le presentaron. No les importa reconocer que los congresistas que comparten sus ideas absurdas son minoritarios y que las minorías no son las que priorizan los temas por discutir. Poco les importa admitir que existen temas más importantes y urgentes para tratar, como la reactivación de la economía, sin la cual no se generan utilidades o impuestos ni se crean puestos de trabajo dignos.

Ante la tardanza del Congreso para aprobarles sus planes para tornar inviable la economía de Colombia, proceden a convocar sus “movilizaciones pacíficas”, las que acompañan con la destrucción del aparato productivo mediante cierres: de vías, comercio y empresas. Pero la mayoría de los colombianos consideramos hoy que sus movilizaciones vandálicas son una herramienta para gobernar sin ganar elecciones, una herramienta para abonar el descontento y el desconcierto con el fin de atraer votos para las elecciones de 2022.

Los arquitectos del funesto Acuerdo de la Habana, señores Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, consideran que el Gobierno debe asumir responsabilidades. Consideran ellos que la solución para casi todos nuestros problemas surgirá de que cumpla el Gobierno su Acuerdo al pie de la letra y pronto. Pretenden que se responsabilice el Gobierno sin extraditar, sin que se pague cárcel por delitos de lesa humanidad, sin cárcel para las Farc, gracias a la Justicia Especial para la Paz (JEP).

Que nos responsabilicemos conviviendo con el derecho de los colombianos a revelarse contra el Estado para recaudar fondos a través de los secuestros, las extorsiones y los asesinatos para derrocar al Gobierno, para suprimir o modificar el régimen constitucional, amparados por el nefasto “delito político”, tolerado en nuestra exuberante legislación tropical.

Soslayan de la Calle y Jaramillo que su Acuerdo prohibió las aspersiones aéreas de los cultivos de coca con glifosato para lograr que lo firmaran las Farc. Soslayan nuestros mal intencionados arquitectos reconocer que el país está desindustrializado por culpa del jaque mate originado por el mar de coca que nos legaron, el mismo que cuadruplicó el área cultivada, fuente de los dólares del narcotráfico, con los cuales se alimenta el contrabando directo, el contrabando indirecto, las subfacturaciones, el desempleo y la miseria generalizada... Dólares que le abren las puertas al socialismo comunista para apoderarse del Congreso y de la presidencia en 2022.

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