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El paquete de proyectos normativos tendientes a reformar el sector educativo inició su curso formalmente, con la radicación del proyecto de Ley Estatutaria a través del cual, entre otras, se amplía el alcance de la educación superior, concibiéndolo ya no como un servicio público, sino como un derecho fundamental. Pero, además de eso, anunció el Ministerio que los otros componentes de esta reforma, los verdaderamente estructurales, serán radicados el próximo semestre. Con ello, lo que se anticipa es que la discusión sobre los ajustes que requiere el sistema educativo se dará, cuando menos, durante el curso de los próximos doce meses.
Que la educación ocupe un lugar prioritario en la discusión nacional es, en sí mismo, una magnífica noticia. Lo que es cierto, también, es que una discusión dominada por la retórica, los lugares comunes y las buenas intenciones, con el ingrediente adicional de verse demasiado prolongada en el tiempo, corre el riesgo de perder progresivamente el protagonismo, convertirse en parte del paisaje, y desestimular con ello la calidad de la discusión, y el entusiasmo colectivo por participar.
Por tratarse de un tema tan trascendental, lo que debería pasar en este caso es exactamente lo opuesto: sin desestimar la necesidad de dar una discusión profunda sobre la ley estatutaria proyectada, el grueso de la energía en este semestre debería concentrarse en enriquecer los argumentos para nutrir la discusión sobre las acciones necesarias y pertinentes que debemos emprender para que cualquier norma que se apruebe y que procure un cambio en el sector, lo provoque con una mirada proyectiva, pertinente y ambiciosa.
En su intervención introductoria del foro organizado por la universidad de Los Andes y El Tiempo para discutir aspectos centrales sobre la reforma que el país verdaderamente necesita, la Ministra de Educación presentó un diagnóstico de las realidades del sector educativo. El cuadro presentado correcto, con verdades incuestionables que justifican la discusión y que generan consenso casi inmediato: que la oferta educativa del país es fragmentada e inequitativa: cierto. Que tenemos un enorme reto a nivel de cobertura en todo el territorio: cierto. Que existen muchas barreras de acceso a la educación superior: cierto. Que ese diagnóstico sustenta las intervenciones proyectadas en el paquete normativo de reforma: falso. Avanzar en una reforma como la planteada, sin resolver las inquietudes legítimas que han presentado diversos actores, puede resultar en un desastre que termine por poner los emplastos donde no está la enfermedad, o peor aún, en poner emplastos inadecuados para atender la enfermedad.
Superada una discusión sobre la cual será relativamente fácil encontrar consensos y difícil hacer pedagogía sobre los riesgos, podremos avanzar en el propósito noble de convertir la educación, en todos sus niveles, en un derecho fundamental. Ojalá se hiciera sin desprenderse de su concepción inicial como un servicio público. Sin embargo, lo verdaderamente relevante, como lo manifestó el exrector Moisés Wasserman en el mismo foro, será pasar de las declaraciones a las acciones, y sobre todo, asegurar que el efecto exclusivo de cualquier acción sea garantizar, en todos sus niveles y sin perjuicio del carácter público o privado de su prestador, una educación de la más alta calidad.
