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Columnistas | PUBLICADO EL 08 junio 2020
La desproporcionada orden de captura del gobernador
Por Azucena Restrepo Herrera *www.proantioquia.org.co
Por Azucena Restrepo Herrera *
www.proantioquia.org.co
Nos sorprende a todos la decisión de la Fiscalía General de la Nación de dictar medida de aseguramiento en contra del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, que conlleva su suspensión temporal del cargo. Esta suspensión es un hecho gravoso para la región, ya que con el liderazgo del gobernador y el de la Dirección Seccional de Salud, Antioquia venía mostrando resultados notables en la gestión de la pandemia del covid-19. En el momento en que iniciamos la reactivación social y económica en medio de esta crisis histórica, una pérdida de liderazgo puede poner en riesgo la vida de muchos antioqueños.
Consideramos además que la decisión es desproporcionada e inoportuna, teniendo en cuenta que la conducta que hoy se cuestiona es una presunta falta de diligencia en la vigilancia de un contrato para la construcción de una vía en el Bajo Cauca antioqueño, cuya ejecución había sido administrativamente delegada y no estaba directamente a su cargo. Además, la Fiscalía recurrió a la Ley 600 en la que el fiscal delegado está facultado para decretar directamente la medida de aseguramiento, sin la intervención de un juez de la República. Este procedimiento penal cambió a partir del 2005 con el procedimiento acusatorio, que otorga a los ciudadanos el derecho a que la medida de aseguramiento sea ordenada por un juez y no por el fiscal que hizo la investigación. Finalmente, la decisión es incoherente con la directiva número 0001 de 2020 de la misma Fiscalía, en la que había manifestado que “se debe preferir la libertad de las personas mientras se desarrolla la investigación. Solo en casos excepcionales, y luego de que el fiscal de conocimiento haga una valoración exhaustiva, pueden solicitarse medidas de aseguramiento”.
Tanto en su primer paso por la Gobernación, como en su administración como alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria dejó la impronta de su liderazgo, visión y transparencia, en una trayectoria pública ampliamente valorada por sectores políticos, públicos, privados, sociales y académicos. En contraste con su dimensión humana y política, el decreto de una detención preventiva genera muchos interrogantes. Es por lo menos sorprendente que se recurra a la medida de aseguramiento, sin considerar que no parece configurase ninguna de las causales por las cuales esta sería procedente: la probabilidad de eludir el proceso, de alterar las pruebas o ser un riesgo para la comunidad.
En Proantioquia, como actores relevantes del desarrollo regional y nacional, hemos asumido la justicia como un bien público superior y, en ese espíritu, hace 26 años participamos en la conformación de la Corporación Excelencia en la Justicia. Hoy seguimos trabajando porque la aplicación de justicia en el país se dé exclusivamente dentro del marco del Estado Social de Derecho y con procedimientos razonables y proporcionados. En este sentido, consideramos que la decisión de la Fiscalía supone un riesgo para la confianza ciudadana en las instituciones, activo clave para la solidez de nuestra democracia.
Hacemos un llamado para que se respeten las garantías y el debido proceso a los que tiene derecho el señor gobernador, seguros de que podrá responder de forma adecuada y transparente a la investigación en curso. Ratificamos nuestro apoyo a su gestión y a su equipo de gobierno, expresando nuestra voluntad de seguir trabajando unidos por la superación de la crisis histórica generada por la pandemia del Covid-19.
* Presidenta ejecutiva de Proantioquia.
