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Las obras públicas en Colombia suelen ser noticia más por sus escándalos de corrupción que por ejecutarse debidamente. La noticia aquí es que en el Chocó hay una carretera casi fantasma, no porque no se haya construido – se está terminando de pavimentar a dos carriles – sino porque conduce a Jigualito, un caserío de no más de 150 habitantes, a un costo de casi $30 mil millones, aprobada en OCAD-Paz para cerca de 6 kilómetros. Al lado está Andagoya, municipio de 15 mil habitantes, cuya vía de acceso de 3 kilómetros, al contrario, está sin pavimento. Una contratación de alta sospecha.
Dirán algunos, “¿cuál es el problema?” Varios: una inversión estatal debe hacerse con claro costo / beneficio y según impacto sobre mayor volumen de población posible. Lo contrario es gasto suntuario. Este contrato, por exactamente $29.957.517,461 se adjudicó a dedo al ya famoso y oscuro Fondo Mixto para la Promoción del Deporte, el Desarrollo Integral y la Gestión Social del Valle (organización mixta ¿sin ánimo de lucro?), que reporta contratos estatales por más de medio billón de pesos en varios departamentos; tiene el control político de Dilian Toro y Clara Luz Roldán, las poderosas del Partido de La U. Por supuesto ese Fondo no tiene maquinaria ni ingenieros ni materiales de obras, solo pone la firma: su método es subcontratar y, desde 2022, reposan numerosas denuncias por posible corrupción de unos $18 mil millones, e incumplimientos. En esta carretera casi fantasma, el congresista Duvalier Sánchez denunció que son $3 mil millones de sobrecostos en materiales, según tabla de INVIAS. La construye Ingecon, empresa muy cuestionada, por ejemplo, en la obra Central Park de Medellín; entró a ley de quiebras en 2022 por deudas cercanas a $50 mil millones.
La recorrí y nos cruzamos apenas con un motocarro; quienes conocen de obras allí afirmaron que esos poco más de 5 kilómetros podrían costar un 40% menos considerando que todos los materiales, excepto cemento y metales, los toman de los ríos al de la vía; la mano de obra, regional, es mucho más barata que en el centro del país, donde ponen los precios de referencia. El objetivo de pavimentar, finalmente, no es beneficiar a Jigualito con una gran vía.
Y de acuerdo con otros expertos que consulté, para ese tramo hubiesen podido construir una placa huella, con un costo del 10% al 20% de lo invertido en pavimento; los restantes $23 mil millones o más tendrían mejor destino en un puesto de salud, buena escuela, biblioteca, centros deportivos y maquinaria agrícola, de lo cual nada tienen los pocos habitantes de Jigualito. O evitar el constante desbordamiento del río Opogodó. Yeferson Lozano, el alcalde de Condoto que pidió aprobar la pavimentación, tiene en contra 10 denuncias radicadas anteFiscalía por presuntos actos de corrupción desde 2020. Todas dormidas, en indagación apenas. Y su nombre aparece en las grabaciones contra el corrupto exsenador Mario Castaño. Alguien o algunos poderosos protegen a Yeferson.Mientras, los de Jigualito parecen contentos con una gran y desolada carretera que hace más visible su ancestral pobreza.