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La Universidad de Antioquia cumple 222 años. Ha sobrevivido guerras, crisis políticas, tensiones administrativas y décadas de limitaciones presupuestales sin renunciar a su misión académica. Hoy enfrenta una nueva presión: la Resolución 016105 del 29 de julio de 2025, con la que el Ministerio de Educación impone medidas de inspección y vigilancia especial. La pregunta es inevitable: ¿por qué ahora, a un año de elecciones?
La Constitución, en su artículo 67, y la Ley 1740 de 2014 permiten al Estado vigilar las instituciones de educación superior solo en casos específicos como cuando se interrumpe el servicio, se afecta la calidad académica, se incumplen los fines institucionales o existe una crisis financiera que ponga en riesgo su continuidad. Ninguna de estas situaciones se presenta hoy en la UdeA. La dificultad financiera que se invoca no es nueva; es un problema estructural, advertido durante décadas.
Si el problema es la financiación, la solución no es vigilar más, sino cumplir las obligaciones históricas de la Nación con la Universidad. Sin recursos suficientes, no hay sostenibilidad; sin sostenibilidad, no hay educación pública de calidad.
La medida, además, deja un olor a presión política. El Ministerio asegura que la autonomía universitaria no está en riesgo. Sin embargo, los hechos permiten otra lectura: la inconformidad del Gobierno con decisiones rectorales que han protegido a la Universidad de injerencias externas y del reparto de cargos por conveniencia política.
Medidas como la anunciada por el Ministerio producen un desgaste institucional y desvían la atención de las directivas de su prioridad esencial: mantener a la Universidad de Antioquia en funcionamiento sin comprometer su misión académica. En su comunicado oficial, la Institución señala que “no se advierte la existencia de alguna de las causales señaladas” y que existen aspectos que deben ser debatidos. Esa postura confirma que la decisión introduce incertidumbre en el Alma Máter y siembra dudas sobre el criterio con el que actúa el Ministerio.
La autonomía universitaria es la garantía de que la Universidad pueda decidir libremente sobre sus planes de estudio, sus líneas de investigación, la administración de sus recursos y la elección de sus directivos, sin presiones partidistas o intereses ajenos a su misión. Es un principio que protege la independencia intelectual, la pluralidad de pensamiento y el derecho de los estudiantes y profesores a buscar y difundir conocimiento sin censura. Cuando la autonomía se debilita, la universidad se convierte en un apéndice del gobierno de turno y pierde su capacidad de ser conciencia crítica de la sociedad.
La UdeA, segunda universidad pública con mayor cobertura del país, tiene más de 38.000 estudiantes y 12 campus regionales. El 97 % de sus graduandos afirman estar satisfechos con la formación recibida. No son cifras frías: son historias de movilidad social y desarrollo regional que se han repetido por más de dos siglos.
Para Proantioquia, la educación es uno de los pilares estratégicos del desarrollo de Antioquia y Colombia, sobre la cual se construye capital humano, innovación y cohesión social. Por eso, nos pronunciamos con firmeza frente a cualquier medida que pueda afectar la autonomía, calidad o sostenibilidad de nuestras instituciones educativas. Defender a la Universidad de Antioquia es defender un activo esencial para el presente y el futuro de la región y del país.
La UdeA no es una ficha de negociación electoral. Es patrimonio intelectual, cultural y social de Colombia. Defender su autonomía es defender la democracia, la libertad de cátedra y el futuro del conocimiento.
*Presidenta Ejecutiva Proantioquia
