Pico y Placa Medellín
viernes
3 y 4
3 y 4
A raíz de la euforia en redes por los precios de alojamiento en Me dellín durante el fin de semana de los conciertos de Bad Bunny —y de denuncias sobre cancelaciones de última hora para revender más caro— quiero sumar una mirada desde quienes operamos alojamiento de forma legal y profesional en la ciudad.
Comparto la preocupación central: cobros desbordados y, sobre todo, cancelaciones oportunistas para especular son prácticas abusivas que erosionan la confianza del viajero, dañan reputación de Medellín y castigan al consumidor. Eso no puede normalizarse.
Es clave no generalizar ni poner en entredicho a todo el sector. En Medellín hay prestadores que cumplen y profesionalizan: uso del suelo, Registro Nacional de Turismo, operación 24/7, control de acceso, registro de visitantes, verificación de identidades y protocolos de seguridad y convivencia. Eso es hospitalidad como industria, no como improvisación.
El problema es que coexiste una oferta que opera en la informalidad y aparece con fuerza —y oportunismo— en picos de demanda. En algunos casos, es demasiado fácil “publicar y ya”, sin controles efectivos, y el costo reputacional lo termina pagando toda la ciudad. Esa informalidad también abre la puerta a dinámicas de riesgo: edificios sin control, ingresos no registrados y un turismo que no busca la ciudad por su cultura o su energía creativa, sino por actividades ilegales que afectan a residentes, visitantes y trabajadores del sector.
Invito a los usuarios a denunciar formalmente y a exigir mínimos verificables antes de reservar: RNT, condiciones de acceso, reglas de visitantes, canales de atención, y señales claras de operación profesional. Si una operación no puede demostrar lo básico, el riesgo lo asume el huésped... y lo pagamos todos.
También vale contar la otra cara: el alojamiento legal enfrenta abusos desde algunos viajeros. Hay quienes reservan en varios lugares con cancelación gratuita y eligen al final, afectando inventario y planificación; otros usan datos falsos o tarjetas inválidas; y existen contracargos después del checkout alegando fraude. Las plataformas no siempre verifican con rigor, y el prestador formal queda expuesto.
Nada de esto justifica tarifas abusivas o cancelaciones para revender. Quien hace eso debe responder ante el consumidor y la autoridad. Pero el debate debe ser completo: más control y verificación real (oferta, permisos y operación), más responsabilidad de plataformas para validar y sancionar, y reglas equilibradas que protejan al huésped sin dejar indefenso al operador que sí cumple.
Medellín puede ser referencia de hospitalidad. Para lograrlo, hay que separar al profesional del oportunista, y exigir estándares mínimos que dignifiquen al sector y protejan a la ciudad.
*Operador formal de alojamiento en Medellín
