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Contrario a lo que muchos piensan, la lucha por garantizar el futuro de Colombia, por evitar que continúe el desgobierno, el atropello a las instituciones, el debilitamiento y persecución del sector privado, la pérdida de nuestros avances sociales, la autosuficiencia energética y nuestros servicios públicos se tiene que dar desde ya. Tenemos mucho en juego, no podemos esperar hasta las elecciones de 2026. Si bien estas elecciones serán trascendentales para corregir el rumbo, el 2025 muestra desafíos inmensos en la defensa de nuestra institucionalidad.
Las instituciones son el sustento de nuestro Estado, nuestra democracia, así como la garantía de nuestros derechos. Debemos entender la importancia de la rama judicial, ya que son nuestros jueces los encargados de velar por el cumplimiento de la ley, evitar los abusos de poder de este Gobierno, frenar sus atropellos a los medios, a la actividad empresarial y de asegurar que tengamos elecciones libres en 2026. Todos tenemos que proteger a las Cortes, sus decisiones e independencia.
El Gobierno no puede tomarse a estas altas corporaciones, en los cambios de sus miembros, no puede tener mayorías para convertirlas en sus apéndices y validadoras; por el contrario, deben seguir siendo un muro de contención en defensa de nuestro ordenamiento jurídico. De igual manera, debemos estar vigilantes para que el Banco de la República mantenga su independencia y rigor técnico, que evite que el Gobierno materialice ideas absurdas como emitir dinero para resarcir a las víctimas.
Después de lo visto en Venezuela, es de suma importancia que nuestras autoridades electorales tengan todas las garantías y recursos que permitan llevar a cabo las elecciones y asegurar la transparencia de sus resultados. Me preocupa que no somos conscientes de la importancia de las elecciones de 2026, de todo lo que está en juego. Tenemos que elegir un Congreso con personas preparadas, castigar a los politiqueros que se arrodillaron ante el Gobierno y actuaron en contra del interés general.
Es imperativo devolverle la dignidad que merece, no podemos improvisar. El Congreso tendrá la tarea de reconstruir el país, dictar las leyes que permitan la reactivación de nuestra economía, que garanticen la educación, revivan nuestro agonizante sistema de salud y nos devuelvan la seguridad. También, tendrá la labor de ejercer control sobre el Gobierno, asegurando que sus acciones se ajusten a la Constitución y la ley.
Al momento de elegir al próximo Presidente, tenemos que pensar que en un país de 50 millones de habitantes, con retos enormes en seguridad, economía y política social, los experimentos son un error; el proyecto de país, el carácter técnico, la capacidad de construir sobre las experiencias exitosas y de replantear aquello que no funciona, es fundamental. Llegar a patear el tablero, con ideas mesiánicas, termina con la planificación y la continuidad en las políticas públicas, así como también, erosiona la confianza ciudadana, pasando una factura que es demasiado costosa.
En estos dos años nos lo jugamos todo, no podemos permitir la continuidad de un experimento fallido, de un gobierno sin rumbo, inexperto, resentido y clientelista. No hay espacio para fallar. Todos unidos debemos salvar a Colombia.
