Pico y Placa Medellín
viernes
3 y 4
3 y 4
El académico de Yale y Harvard, Robert Klitgaard resumió la corrupción en una simple ecuación: Corrupción = monopolio + discrecionalidad – transparencia. Es decir, a más monopolio y discrecionalidad en lo público, mayor corrupción; y a más transparencia o “accountability”, menos corrupción. Como complemento, propongo restar la sanción social: el repudio colectivo que aísla al corrupto y que también desalienta la corrupción. Esta fórmula debería guiar a toda democracia liberal en la lucha contra la corrupción, abriendo camino hacia una sociedad más libre. Una lógica similar aplica a la urgencia de reducir trámites, trabas y regulaciones indeseadas que complican la vida de ciudadanos y empresarios.
Pensemos en los engorrosos permisos de entidades como INVIMA, ICA, notarías, cámaras de comercio o superintendencias; en las licencias ambientales, consultas previas y reglamentos técnicos. A menudo estas exigencias restringen libertades, frenan el desarrollo y se convierten en cuasi monopolios discrecionales con alto riesgo de corrupción y politización: cada nuevo trámite otorga a algún funcionario un poder cuasi-monopólico y discrecional, y sin transparencia se activa la fórmula de la corrupción. Lo que se vende como regulación para el bien común termina alimentando la burocratización y el clientelismo.
En el siglo XX, incluso las democracias liberales multiplicaron permisos y controles, instaurando un estado paternal que nos trata como infantes. La autorización ex ante (previa) predominó sobre la evaluación ex post (posterior), reduciendo la eficiencia del servicio público y las oportunidades de crecimiento. Este enfoque contrasta con el llamado de académicos como Deirdre McCloskey a una mayor “libertad de permisos”, es decir, a tratar a los adultos como adultos y no como niños bajo tutela estatal.
Un ejemplo actual de ese paternalismo son los llamados “impuestos saludables”. Con estos tributos, el gobierno pretende desincentivar ciertos consumos “por nuestro bien”, asumiendo que el estado sabe mejor que nosotros qué debemos consumir. En Colombia ya se gravan las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados, supuestamente para cuidar la salud pública. Se nos trata como “bebés” a los que hay que guiar a punta de impuestos. Una sociedad libre preferiría programas voluntarios de educación y consumo responsable en vez de coerciones fiscales disfrazadas de salud pública.
Los estados modernos que aspiren a ser democracias liberales deben abandonar el paternalismo y recortar trámites y regulaciones burocráticas. Deben también fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, privilegiando la evaluación posterior sobre el control previo, para que el país avance más y mejor. Colombia tiene mucho por corregir en este frente. No en vano, un índice reciente ubicó a nuestro país como el octavo de Iberoamérica donde más tiempo se pierde en trámites. Resulta insensato que aprobar un medicamento tome hasta tres años, aunque ya esté aprobado en el exterior; o que ciertos permisos se vuelvan botín del político de turno, a quien hay que suplicarle para agilizar el trámite. Cada nueva discrecionalidad burocrática es un boleto directo a la corrupción.
El camino a seguir es fomentar la libertad de permisos, que ciudadanos y emprendedores puedan actuar libremente salvo contadas excepciones, y aplicar solo el mínimo imprescindible de impuestos o restricciones que limiten esa libertad de decidir. Así lograremos una sociedad más íntegra y libre.
*Rector Universidad EIA
