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Más allá de lo que viene pasando con el caso de Uribe Vélez y su condena en primera instancia, en el fondo, hay unos elementos que son preocupantes y que deben reflexionarse porque son parte de objetivos políticos directos que se conectan con otros factores que se han dado en el país y el gobierno. El real objetivo es político electoral, no buscar beneficios de comunidades como algunos sectores de gobierno tratan de venderlo.
Primero, detrás de lo que se ha venido dando en el caso de Uribe, hay un objetivo conectado con la situación electoral, debido a que la oposición del expresidente sabe que su caudal electoral sigue siendo el principal en el país, por lo cual, mantenerlo alejado de la escena electoral a través de una guerra jurídica es necesario, debido a que esto disfraza en luchas de justicia los objetivos políticos y personales por parte de la oposición de Uribe.
Segundo, el discurso de la Juez Sandra Heredia, por más que quisiera mostrarse como pilar de la justicia, solo fue un mecanismo que desde el primer párrafo de su lectura daba cuenta de justificaciones para condenar a Uribe, pero esto no es el problema, porque lo delicado está en que hubo participación política a través de su discurso en una juez de la república, lo cual altera el equilibrio de poderes y afecta los procesos democráticos electorales, debido a que su arenga tuvo características de la comunicación política debido a que trató de vincular causas de grupos poblacionales, escenarios emocionales y valoraciones comparativas entre actores, dejando implícito ideas de “buenos” y “malos”, como cuando habló de faltos de “gallardía” a los hijos de Uribe o emitía frases de defensa al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve.
Tercero, otro factor que hace parte de un plan mayor dentro del camino electoral, es que justo hace unos días se presentó entre ambos gobiernos la iniciativa de la creación de una zona binacional que es un lugar geográfico compartido por estos dos países, en este caso Colombia-Venezuela, la cual es mostrada como un área de entendimiento y activación productiva en la frontera con incidencia en Puerto Santander (Colombia) y Ureña (Venezuela) buscando expandirse al Catatumbo y otras zonas más. En esencia, esta manifestación es la oficialización de un orden informal que ha venido funcionando bajo control del ELN y Venezuela y que profundiza los riesgos estratégicos, sociales, políticos y de seguridad en la zona binacional, sobre todo la parte colombiana. Más grave, Petro ordena a las fuerzas militares colombianas apoyo al gobierno venezolano ante acciones que se lleven en contra de Maduro, su régimen y por ende los enlaces criminales con ELN y otros.
Lo que allí pasará es que se continuará consolidando el cogobierno con los grupos criminales entre ELN-Venezuela permitiendo que la economía ilícita siga fortaleciéndose con implicaciones negativas directas en la comunidad de esta zona, quienes estarán amedrentados por la violencia y la criminalidad.
Desde la perspectiva electoral, hace parte de la estrategia, debido a que sumado a lo que indiqué sobre lo derivado con el caso de Uribe, el que esta zona la controle Venezuela por ende el ELN, el juego electoral también lo delimitaría este país, aplicando las argucias que utiliza el régimen de Maduro para vender la idea de democracia, mientras en el fondo no la hay. De hecho, el denominado “tarimazo”, también tiene propósitos electorales, y todo lo que pasa en el país, es parte de un objetivo amplio y directo sobre el escenario de elecciones.
