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El país está peor que en los tiempos de la zona del Caguán del gobierno de Pastrana (1998 – 2002) cuando le entregó a la guerrilla un territorio de 42.000 kilómetros cuadrados; porque al menos sabíamos dónde estaban. Pero hoy, están dispersos y sus cabecillas, en el Congreso de la República fungiendo de padres de la patria y devengando más de $50 millones mensuales. Qué desgracia.
Y el poder ejecutivo en manos de quien militó en el M-19, al frente de una coalición política: el Pacto Histórico que prometió a sus electores “un cambio”, para acabar la pobreza, la corrupción y lograr “la paz total” que nunca llegó.
A los jóvenes que decidieron votar “por ese cambio”, a los intelectuales arrepentidos y también a los resentidos, a quienes les compraron el voto y la conciencia con billetes, hay que recordarles lo que era el país veinte años atrás comparado con el de hoy, cuando nuestro sistema democrático y las libertades están de nuevo amenazados.
Recordarles que durante el gobierno de Uribe en dos períodos (2002-2010), se demostró que solo mediante el ejercicio legítimo de la autoridad, de la ley y el respeto a las instituciones se recupera el orden y las libertades.
Y el país estuvo bien gobernado, volvió a su dinámica con los mayores indicadores de crecimiento económico y social; recorrimos pueblos de nuestra geografía por los caminos donde antes espantaban bajo el lema ¨vive Colombia y viaja por ella “, y se le devolvió al país el progreso y la esperanza.
Pero con la llegada de Santos al poder (2010-2018), esa ilusión nos duró poco, porque elegido para continuar ese proyecto político, traicionó a los electores con la imposición del nefasto acuerdo de Paz, un bodrio de 297 páginas que fue negado en el plebiscito del 2 de octubre de 2016 y desde entonces, empezó la debacle y la destorcida del país.
Y luego llegó el presidente Duque a tomar posesión (2018-2022) con la ¨Paz con legalidad¨; un vocablo acuñado en los discursos para significar que lo firmado estaría condicionado a tumbar ese otro bodrio de la JEP, calificado como tribunal de la impunidad.
La pandemia azotó al país durante buena parte de su mandato mientras el entonces senador Petro, fustigaba su mandato con las denominadas primeras líneas, cumpliendo la amenaza de no dejarlo gobernar, amenaza que contribuyó de alguna manera al estallido social que terminó con una imagen negativa del 41.9%, quizá por no haber tomado las decisiones difíciles al inicio.
Y volvimos a los tiempos en que esos grupos armados, ya multiplicados, se disputan territorios por el negocio de la droga, desafiando el ordenamiento jurídico, la institucionalidad; secuestrando; dinamitando poblaciones inermes para acabar en instantes con el trabajo de generaciones.
A esa horda de criminales, narcotraficantes que solo han causado destrucción, desolación, muerte, miseria, salvajismo e irracionalidad, el único camino que procede es el de aplicarles la ley que nos rige a todos los colombianos.
Los cultivos ilícitos, el combustible que alimenta el negocio de la droga, ya supera las 300.000 hectáreas y ha elevado la corrupción a cifras descomunales en todos los estamentos de la administración pública y la sociedad, que al unísono reclaman justicia porque sin ella, la democracia no existe.
Y aún falta un año largo para la terminación de este gobierno, calificado como el peor que ha tenido el país; pues su propósito es despreciar la Constitución y la ley, violar las reglas de la democracia con la asesoría de personajes cuyas hojas de vida non santa, no son recomendables para nada.
El atentado criminal contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, no deja sombra de duda de que lo que se está fraguando con esos discursos incendiarios de Petro solo incita a la violencia y al odio de clases.
