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Las naturales contradicciones de los humanos son más delicadas cuando se trata de quienes por alguna razón han tomado decisiones contradictorias y además se autoproclaman como los máximos depositarios de la verdad.
La Asamblea Nacional Constituyente de 1991, integrada de manera heterogénea por mujeres y hombres de las más diversos orígenes y postulados políticos, jurídicos y aún éticos, después de meses de deliberación, decidió lo necesario para garantizar la eficacia de dos principios fundamentales para el Estado social de derecho: La declaración amplia de derechos y de acciones para su protección y la expedición de disposiciones para ampliar los espacios de participación de los ciudadanos en las decisiones de poder, en desarrollo de los conceptos propios de la democracia directa y la democracia participativa.
La Constitución, impulsada por un nuevo constituyente con participación de muchos de quienes hoy ostentan la dirección del Estado, se preocupó de manera especial por construir un concepto funcional del Estado, mediante la consagración de instituciones debidamente estructuradas, para garantizar la defensa de los esquemas de equilibrio y control de poderes, tan necesarios para la época actual, cuando algunos dirigentes políticos, consideran que para poder gobernar, es necesario personificar el poder, suprimir los controles y adoptar las decisiones que caprichosamente presentan como las únicas acertadas. Precisamente, se trata de gobernantes que se consideran a sí mismos, nuevos responsables de la política, poseedores de la verdad absoluta, cuyas decisiones no pueden ser objeto de contradicción, controversia o censura.
Pues bien, a esos mismos actores políticos, que un día apadrinaron la Constitución de 1991, ya no les son útiles, ni las normas, ni las instituciones allí consagradas. Pero lo más grave, son los argumentos centrales que se utilizan para desechar las más importantes instituciones de la actual Constitución. Por una parte, se pronuncian en contra de instituciones como el Congreso Nacional, el Banco de la República, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y los órganos de control, no porque “per se” sean inútiles, sino porque formal o materialmente no son complacientes con las decisiones del ejecutivo. No dejarse cooptar ciegamente por los caprichos del ejecutivo en diferentes niveles, es su más grave pecado y la razón por la cual se quiere una constituyente para pronunciarse en contra de su existencia. ¡Caso del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional! Ambos estigmatizados, por tratarse de instituciones que actúan en forma autónoma e independiente, con sujeción estricta a las normas jurídicas.
Pero el más grave argumento, para querer, mediante una constituyente, suprimir o minimizar el ejercicio de controles sobre el ejecutivo, se debe a la aplicación de aquella nefasta teoría, según la cual, el “ejecutivo populista” no se equivoca, él es el único depositario de la verdad, sólo él conoce y sabe atender las necesidades del pueblo, por tanto, cualquier órgano que piense diferente, lo controle o lo cuestione, debe ser suprimido o modificado, y la mejor forma de hacerlo es a través de una incierta constituyente.
