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Esas mal llamadas “regalías”, que según la ley del medio ambiente, la 99/93, ordena a las empresas generadoras de energía hidroeléctrica, que no superen los 10.000 MW, transferir el 6% de las ventas brutas de energía por generación: 3% a las Corporaciones Autónomas Regionales, las denominadas CAR y el otro 3% a los municipios localizados en la cuenca hidrográfica; pero no son de libre disposición, sino que tienen destinación específica: proteger el medio ambiente, defender las cuencas hidrográficas para compensar el impacto ambiental y protección de los ecosistemas de los territorios afectados.
Y en ese orden, las Epm para el 2024, le transfirió a los 92 municipios de Antioquia donde hay desarrollos hidroeléctricos $83.000 millones, para un promedio de $891 millones por municipio; mientras a Medellín, de las utilidades que fueron de $4.82 billones, le transfirió $ 2.64 billones; esos sí de libre disposición, una cifra descomunal que equivale a $7.260 millones diarios; razón para que el presupuesto de la ciudad para el 2025 sea de $10,96 billones, mientras el de Antioquia es de $ 6.8 billones.
Son cifras que ponen al descubierto un centralismo perverso y una inequidad para con las regiones de Antioquia donde se genera la energía que mueve a Antioquia y la economía del país.
Al Peñol por ejemplo, donde se encuentra buena parte de la central de Guatapé (un embalse multianual de un potencial de 560MW), las “contribuciones” de las generadoras de energía (Epm e Isagen) para el 2024, fueron de apenas $ 5.222 millones, una “bicoca”, comparada con los $ 7.260 millones/diarios que recibió Medellín.
Y un año después, en el 94 le llegó el otro zarpazo a las Epm, cuando en virtud de los articulitos de la ley 142 la obligó transformarse en una entidad descentralizada, la que sin perder su naturaleza pública, continuaría prestando los servicios públicos pero con una estructura empresarial que la convirtiera en una empresa industrial y comercial del Estado; una EICE, pero que se ajustara a las reglas del derecho privado.
Y desde la vigencia de esa ley, pusieron al Grupo Epm, como cualquier particular, a pagar a la Dian sumas billonarias de impuestos de Renta, complementarios y otros más y solo en el 2024, le giró la astronómica cifra de $1,92 billones, $227.000 millones por industria y comercio, $114.000 millones por el gravamen GMF.
Son cifras que ponen en evidencia, la inequidad e injusticia de las leyes para con Antioquia y las regiones, pues no todo lo legal es justo.
Injusto que a Antioquia, se le hayan impuesto tantas cargas fiscales e impuestos a la producción de energía que antes no tenía, derivadas de una perversa ley que castigó la eficiencia y de paso, anuló el esfuerzo y trabajo de generaciones que antaño desarrollaron los grandes proyectos hidroeléctricos y que hoy, no se ve reflejado en tarifas, tal como fue el espiritu que inspiró la creación de las Epm entre 1954 y 1955.
Aquella que sustituyó a las Empresas Públicas municipales, como un ente autónomo que ofreciera tarifas de servicios públicos más bajos para la población, la industria y la protegiera del reparto burocrático que se genera cada que hay cambios políticos en la ciudad..
