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En cada periodo electoral, la seguridad vuelve al centro del debate público con un libreto conocido: diagnósticos alarmantes, promesas de mano dura y respuestas que llegan cuando el daño ya ocurrió. Sin embargo, el problema no es solo cuánto se hace, sino cuándo se decide actuar. Colombia ha normalizado una política de seguridad reactiva, orientada a contener la crisis después del delito. Ese enfoque explica por qué, pese a esfuerzos sostenidos, el riesgo criminal persiste. La pregunta de fondo es otra: ¿qué pasaría si la seguridad empezara antes del delito?
De esa reflexión surge “Triángulo Cero”, una propuesta de política pública para un próximo gobierno que parte de una premisa verificable: el crimen no ocurre por casualidad. En la mayoría de los casos, se produce cuando confluyen tres factores conocidos: un delincuente dispuesto a actuar, un objetivo vulnerable y la ausencia de control efectivo del Estado en un tiempo y lugar específicos. Cuando esa convergencia se repite, el delito se reproduce; cuando se rompe, el delito se reduce. No desaparece —prometerlo sería irresponsable—, pero sí puede llevarse a su mínima expresión.
Durante años, la respuesta institucional se ha concentrado casi exclusivamente en el delincuente: capturas, judicialización, neutralización. Esa dimensión es necesaria, pero insuficiente. Triángulo Cero propone atacar simultáneamente las tres caras del problema, convirtiéndolas en el eje central de la política contra el delito urbano, el crimen organizado y las violencias.
El primer eje es el control efectivo del Estado, orientado directamente a disuadir al delincuente. Control no significa militarización ni abuso, sino presencia institucional real, visible y legítima en los territorios donde hoy el Estado llega tarde o no llega. Fuerza Pública con enfoque territorial, justicia cercana, regulación del espacio público y coordinación interinstitucional elevan el riesgo para quien pretende delinquir. Donde el Estado está presente de forma sostenida, la rentabilidad del delito disminuye.
El segundo eje es la reducción de oportunidades criminales, que actúa sobre el escenario donde el delito se materializa. El crimen se facilita cuando el entorno ofrece condiciones favorables: corredores oscuros, espacios sin regulación, horarios desprotegidos, economías ilegales toleradas o territorios abandonados. Intervenir esos contextos —iluminación, movilidad segura, ordenamiento del espacio público, cierre de puntos críticos y control de mercados ilegales— no es urbanismo decorativo, sino prevención situacional concreta. Menos oportunidades, menos delito.
El tercer eje es la protección del objetivo, es decir, la reducción de la vulnerabilidad ciudadana. Personas, comercios y comunidades expuestas concentran el impacto del crimen porque carecen de protección efectiva. Reducir esa vulnerabilidad implica medidas específicas de protección, regulación inteligente, servicios públicos oportunos y acompañamiento institucional focalizado. La seguridad no se construye solo persiguiendo delincuentes o rediseñando espacios; también se construye protegiendo activamente a quienes hoy son objetivos fáciles.
La ecuación es clara y coherente: Triángulo Cero ocurre cuando el control efectivo del Estado aumenta, las oportunidades criminales disminuyen y la vulnerabilidad ciudadana se reduce, impidiendo que se ejecute el triángulo del delito: delincuente, objetivo vulnerable y ausencia de control. No es una consigna retórica, sino una forma distinta de gobernar la seguridad.
Este enfoque resulta especialmente pertinente en Colombia, donde el delito cotidiano, el crimen organizado y las violencias se superponen en los mismos territorios. Abordarlos por separado ha fragmentado la respuesta del Estado. Triángulo Cero los integra bajo una lógica de anticipación, control territorial y protección de la vida cotidiana.
Como propuesta electoral, Triángulo Cero ofrece algo escaso: realismo. No promete un país sin crimen, sino un Estado que llega antes, reduce riesgos y protege mejor. El desafío para el próximo gobierno no será anunciar más medidas, sino cambiar el momento de la decisión. La seguridad no puede seguir siendo la política del después. Debe convertirse, por fin, en la política del antes.
