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Columnistas | PUBLICADO EL 17 septiembre 2020
Inversión extranjera y explotación ambiental
Por Manuela Cadavid Cano
mcadavidc@eafit.edu.co
Colombia es uno de los países más diversos del mundo. Atendiendo a su tamaño, alberga un porcentaje considerable de ecosistemas, fauna y flora; también numerosas fuentes hídricas, así como gran riqueza en minerales y metales. Evidentemente, lo anterior constituye un innegable atractivo. Pero ¿qué otras razones resultan llamativas?
El Estado colombiano también puntea en el ranquin de los más desiguales, donde hay una pésima distribución de tierras, debido a la concentración de esta. También es considerado como el país más peligroso para los líderes sociales. Y sumándole a esto la deuda interna y externa, no parece un panorama muy alentador. Puesto que, en aras de mejorar la parte económica, se flexibilizan los requisitos a la inversión extranjera, en lo relativo a la explotación ambiental.
Recientemente ha estado en la agenda pública esta cuestión. Se ha debatido sobre la mala calidad del aire, la deforestación, el fracking y la minería. Han estado en la mira proyectos como el Puerto de Tribugá, la delimitación del Páramo de Santurbán (con fines mineros), el Proyecto minero Quebradona en Jericó, entre otros. El problema radica en varios puntos: por un lado, la intervención foránea, en las últimas décadas, se ha basado en un extractivismo desaforado. Se atenta flagrantemente contra el medio ambiente, y no se le concede la respectiva importancia. Y, por otra parte, no se evidencia un papel activo institucional de cara a fomentar una inversión extranjera responsable, donde efectivamente se cumplan los requerimientos contractuales y tributarios.
En últimas, se convierte en un círculo vicioso esa dependencia, porque el mal manejo estatal la propicia. Esto, en razón a que la perspectiva del Ejecutivo parte desde una óptica económica, debido a que es el ordenador del gasto. Mientras que la Rama Legislativa, se supone que representa el conglomerado de opiniones. No obstante, prima el lobby por parte de multinacionales, y las decisiones se dirigen a satisfacer los intereses de las mismas. Y la Rama Judicial y órganos de control, se quedan cortos, porque en materia internacional no abordan plenamente los asuntos, al correr el riesgo de extralimitarse en sus funciones. O simplemente carecen de competencia.
En efecto, resulta inconcebible negar de plano la inversión extranjera, puesto que es necesaria, atendiendo a la realidad local. Pero hay que ponderar los intereses de las poblaciones, cuyo sustento depende de esas zonas aledañas. Y reconocer el valor intrínseco de los territorios ancestrales y sus creencias arraigadas a esos suelos.
