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En la convulsionada historia de nuestra República, los conflictos sociales, políticos e ideológicos del siglo XIX, llevaron, en 1863, a la instalación del sistema federal como modelo necesario para que cada uno de los estados en que se dividió política y geográficamente el territorio nacional, pudiera desarrollar su propio modelo de administración, de acuerdo con las necesidades y la idiosincrasia de cada una de las regiones. Para este propósito se utilizaron dos herramientas: 1. Darle la mayor autonomía económica, administrativa, comercial y hasta política y militar a cada uno de los estados de la federación, y 2. Debilitar la importancia y proyección de los principales órganos centrales, como la Presidencia de la República y el Congreso Nacional.
El esquema propuesto, unido al pensamiento caudillista de nuestros dirigentes y el propósito de cada estado de formar sus propias fuerzas militares, trajo como resultado, el incremento de la violencia y la sentida necesidad de cambiar el modelo político. El propósito de unidad del movimiento constituyente que culminó con la expedición de la Carta de 1886, tuvo dos motores fundamentales: 1. Recuperar la unidad nacional y 2. Rehacer el principio de autoridad mediante el fortalecimiento de órganos, que representan ese ideal de reconstrucción nacional y se utilizan para fortalecer la legitimidad institucional del Estado.
Para hacer realidad estos propósitos, el constituyente de 1886 también previó la posibilidad de otorgar poderes extraordinarios al Presidente de la República, quien, como símbolo de unidad, y autoridad legítimamente constituida, debía encauzar la reconstrucción de la República. Para darle vida a este propósito, la Constitución consagró una serie de disposiciones sobre facultades extraordinarias al Presidente de la República, mediante la implementación de los estados de excepción constitucional, de manera que la nueva Constitución solo empezó a regir plenamente, a partir del acto reformatorio de 1910.
En una sociedad desigual, fraccionada y heterogénea como la nuestra, es indispensable un claro mensaje constitucional, que disponga que los órganos superiores del Estado, en sus distintos niveles, representan la unidad nacional, es decir, que la tarea fundamental de los servidores públicos de elección ciudadana es construir convivencia con comprensión, tolerancia e inclusión, en lugar de dividir, separar y generar enfrentamientos.
Ese claro sentido de unidad, como fundamento de la legitimidad institucional, se expresa en varias disposiciones de la Constitución de 1991. Al respecto, vale la pena recordar, por ejemplo, el artículo 188, que dispone que el Presidente de la República simboliza la unidad nacional y se obliga a garantizar los derechos y libertades para todos los colombianos. Este principio de unidad, absolutamente necesario para la formación, afirmación y conservación de la sociedad, debe respetarse y repetirse por todos los estamentos políticos en sus distintos niveles. Por ejemplo, así como el presidente debe representar el principio de unidad a nivel nacional, los alcaldes y gobernadores deben propender por esa unidad en sus territorios. Los electores deben rechazar a los candidatos y gobernantes cuyo propósito sea separar, dividir y generar conflictos entre los ciudadanos.
