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Columnistas | PUBLICADO EL 08 febrero 2015

FISCALÍA Y CHUZADAS

Porfernando velásquezfernandovelasquez55@gmail.com

La utilización ilegal de los organismos de inteligencia del Estado para llevar a cabo seguimientos a defensores de derechos humanos, opositores, gobiernos extranjeros, magistrados y periodistas, es uno de los episodios más vitandos de la vida institucional colombiana de las últimas décadas y recuerda la actividad de dictaduras que, prevalidas de esos mecanismos, arrasaron con la dignidad de las personas.

Ahora, con la entrega a la justicia de la señora María del Pilar Hurtado y la legalización de su captura (quien, con Bernardo Moreno, está ad portas de ser sentenciada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, aunque otros ya fueron condenados), a la sazón breve Directora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) durante el segundo gobierno Uribe, el asunto vuelve a la palestra pública. El novelón judicial tejido en torno a este caso, pues, anuncia nuevos episodios y los interesados en sacarle partido no se hacen esperar.

Y no es para menos, pues, como en otros lares, aquí han hecho carrera las justicias paralelas ahora implantadas por algunos medios de comunicación que no hacen un ejercicio moderado del derecho constitucional a la libertad de información. Por eso, suelen avasallarnos con pesquisas sobre asuntos de notoriedad pública en manos de la justicia y las valoran desde una perspectiva social, muchas veces a su antojo; incluso, como sucede con algún medio radial, se simulan juicios al aire conducidos por anodinos periodistas quienes –con una carencia académica manifiesta– sustituyen a los administradores de justicia en su sagrada misión constitucional. De esta manera, se solapan el buen funcionamiento del Estado de derecho, la libertad de información y la necesaria publicidad judicial sin la cual hoy es impensable la administración de justicia.

Uno de esos actores –que cada día pierde más su sesgo jurídico– es el Fiscal General, quien ha dicho, a sabiendas de que la acusada se va a mantener en lo expresado hace seis años porque hasta ahora esa es su estrategia defensiva, en rueda de prensa convocada al efecto, que “todavía hay oportunidad, desde el punto de vista procesal, para iniciar mecanismos de colaboración” (El Tiempo, II-1); es más, su Vicefiscal, estima que hay “beneficios por colaboración con posterioridad a la sentencia” (elcolombiano.com II-3). ¡Se volvieron jueces y hasta legisladores!

Por supuesto, quienes conducen esta dependencia estatal deben saber que, acorde con los mecanismos previstos en el Código de Procedimiento Penal en esta materia (no siempre en armonía con la Constitución política), ya no son procedentes la aplicación del principio de oportunidad, la suspensión del procedimiento a prueba, las negociaciones y la aceptación de cargos, porque las etapas procesales correspondientes precluyeron. Tampoco, máxime si no es juez sino parte en la actuación de única instancia que conduce la Sala de Casación, puede la Fiscalía ofrecerle a la procesada (si es condenada) ninguna otra rebaja o beneficio (se habla de descuentos punitivos, prisión domiciliaria o reclusión en un determinado establecimiento).

Por eso, las convidadas a la Señora exdirectora para que cuente la verdad solo tienen fines mediáticos; igual, la carta del deslucido periodista que alega ser ofendido en la cual revela aspectos íntimos de una bolera amistad con la Hurtado (Coronell: “Querida María del Pilar”, Semana, I-31, 2015). Lo mismo las peticiones de los apoderados de víctimas, los clamores de los rivales del uribismo (caso Cepeda) y las alegadas “persecuciones políticas” del expresidente-senador, pues ellas ya no sirven de nada.

En fin, solo resta esperar que la Corte no cometa injusticias con los procesados ‒en especial con Bernardo Moreno atendida la insuficiente imputación que se le hace‒ y que, por fin, compulse copias para investigar a Santos Calderón quien, como Ministro de Defensa, según afirman la defensa de aquel y algunos testigos en otros escenarios, estuvo al tanto de esas interceptaciones ilegales (elcolombiano.com, 14-10-2014; caracol.com, 30-IV-2010) y, como hasta ahora, no puede pretender pasar de agache deleitándose con los movimientos del tupido ajedrez político.

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