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Columnistas | PUBLICADO EL 27 mayo 2019

Excelencia operacional

    Por Michael Reed H. @mreedhurtado

    La reciente defensa oficial del conteo de cuerpos como indicador de éxito del esfuerzo bélico y la pretensión de que jurisconsultos produzcan un sello de excelencia para los procedimientos, órdenes y protocolos castrenses demuestran que nada se aprendió de los factores que llevaron a la expansión de los falsos positivos en la primera década del siglo.

    La perpetración sistemática de ejecuciones por parte del Ejército, entre (al menos) 2000 y 2008, se enmarcó en la política oficial del conteo de cuerpos como indicador de éxito. La muerte adquirió centralidad en el desarrollo de rutinas y prácticas en las unidades militares; por ejemplo, está probado que: se mantenían marcadores que sellaban la competencia entre batallones, como si se tratara de una contienda deportiva; comandantes de división evaluaban a subalternos exclusivamente bajo la consecución de bajas (ignorando cualquier otro resultado); se generaron competencias entre jóvenes oficiales para acceder a puestos y premios con base en el conteo de muertos; y se establecieron incentivos en relación con la producción de bajas (dando lugar a fiestas, concesión de medallas, permisos personales y vacaciones pagas).

    Como en cualquier proceso industrial, los incentivos y las presiones para producir resultados generaron el incremento deseado por lo impulsores. El número de muertes reportadas oficialmente se duplicó entre 2000 y 2003 – pasando aproximadamente de 1.000 a 2.000 bajas del enemigo (supuestamente en combate). La incitación por parte de los comandantes a la creatividad de la tropa para alcanzar metas junto con el desmonte de los mecanismos de control dieron lugar a una letanía de atrocidades.

    El Estado colombiano lleva años erigiendo una licencia para matar en la guerra (o en alteraciones al orden público), reinterpretando prohibiciones y trasplantando prácticas y costumbres de las guerras internacionales al ámbito nacional. Afamados juristas – tanto civiles militarizados como militares refinados – han prestado su argucia jurídica para blindar a una máquina de matar.

    Ubicada la muerte como una meta organizacional, la innovación para alcanzar el objetivo es una opción no sólo probable sino esperada por los superiores. Al definir las bajas mortales como indicador de efectividad, la producción de la muerte se torna en un proceso burocrático, al que, ahora, buscan darle un sello de excelencia operacional, con fina estampa de los jurisconsultos.

    Cabe recordar que las ejecuciones que se conocen como falsos positivos están imbuidas en un tenebroso camuflaje jurídico que, desde hace décadas, se conoce como el proceso de legalización. Los instrumentos administrativos (resoluciones, manuales, ordenes, procedimientos, protocolos y demás pergaminos) se han usado para encubrir, no para corregir.

    Las palabras perfectas de estas prescripciones no regulan lo que pasa en el terreno. La niebla de la guerra se encarga de envolver lo que acontece “en la manigua” en anonimato, oscuridad y misterio. El mundo-ficción del “derecho operacional” – que no es derecho – profundiza la negación y la responsabilidad del Estado en lo que puede volver a ser una matazón programada.

    El “derecho operacional” se erige como una cortina de humo. La predicación de normas garantes de la vida y de los derechos humanos tiende un largo (e intencional) rastro de papel y acción burocrática que sustenta la negación plausible de conductas criminales (individuales y organizacionales).

    A todo esto le llaman, abiertamente: blindaje jurídico. Sin pena y sin rodeos, se estructura un escudo para que el Ejército pueda matar sin controles ni cuestionamientos, ahora bajo el nuevo lema de excelencia operacional.

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