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A veces el frenético ritmo de las noticias y los escándalos en Colombia hacen que ciertos temas, de la mayor relevancia para la sociedad, pero con menos atracción mediática, pasen desapercibidos. Esto es lo que está sucediendo con los decretos expedidos por el Gobierno en relación con la emergencia económica declarada para La Guajira; en particular, con el decreto 1276 de 2023, mediante el cual se ordena la suspensión de ciertos contratos firmados entre generadores y comercializadores de energía eléctrica de proyectos de fuentes renovables de energía en el departamento de La Guajira.
El contexto es el siguiente. El gobierno del presidente Duque diseñó unas subastas de energía eléctrica para promover el desarrollo de energías renovables en Colombia, que tiene un potencial eólico muy importante en el departamento de La Guajira. Estas subastas obligaban a los comercializadores de energía a comprarla a través de contratos que servirían para que estos proyectos en La Guajira, particularmente eólicos, fueran viables desde el punto de vista económico y comercial. De esta forma se anunció el desarrollo de cerca de 2.500 MW de energía renovable en ese departamento. Independientemente de si los proyectos entran en operación o no -y ya son bien conocidas las dificultades que han tenido los generadores para poder llevarlos a la realidad, por las problemáticas particulares de La Guajira-, los generadores que vendieron a través de estos contratos están obligados a cumplir con su compromiso de entregar la energía a los comercializadores.
Pues bien, el decreto 1276 lo que hace es que, de manera absolutamente arbitraria, suspende estos contratos, arropándose en la supuesta emergencia económica del departamento de La Guajira. Nada tienen que ver ni los proyectos ni los contratos con esa emergencia. Y ahí está el primer problema: no se entiende qué es lo que está detrás de esta suspensión, pues nada hace para aliviar los problemas económicos y sociales que afectan al departamento.
Pero el problema más grave es que, como suele suceder por la mediocridad de este gobierno, nadie se toma el trabajo de analizar las consecuencias que una medida como estas puede traer al mercado eléctrico, a los usuarios de energía del país, y a la inversión requerida para la expansión eléctrica en Colombia.
En una carta del 17 de agosto el operador del mercado, la compañía XM, advierte de las posibles consecuencias que tendría la medida de suspensión de los contratos. Esta suspensión implica que los comercializadores que suscribieron estos compromisos tienen que salir a buscar otras fuentes de energía para entregar a los usuarios finales. Hoy es difícil conseguir contratos de energía en Colombia, por lo que estos comercializadores seguramente estarán expuestos a bolsa en un momento en donde los precios están muy altos. Esto no solamente sube el precio de la energía a los usuarios finales, sino que pone en aprietos a los comercializadores, que tienen que buscar garantías de pago de esa energía, las cuales no son fáciles de conseguir. Esto pone en riesgo el suministro mismo de la energía que requieren los colombianos.
La cosa, sin embargo, no para ahí. Tampoco considera el gobierno el efecto que esto trae sobre la inversión futura en proyectos de energía en Colombia. Si con un plumazo se pueden tumbar contratos que respaldan la ejecución de billonarias inversiones, ¿quién va a tomar la decisión de desarrollar y construir un proyecto en el país si mañana tumban las reglas que lo hacen viable? La respuesta: nadie.
Afortunadamente, la Corte Constitucional debe revisar todos estos decretos. Por la absoluta desconexión de esta medida con la emergencia económica y social en La Guajira, esta medida debería caerse.
