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Columnistas | PUBLICADO EL 30 octubre 2022

En la mira

Una macabra alianza de funcionarios públicos y de allegados del mayor estafador inmobiliario del departamento pretende descabezar al liquidador de Invernorte.

Por Bernardo Alejandro Guerra Hoyos - cerocorrupcion@bernardoguerrahoyos.com

Una macabra alianza de funcionarios públicos y de allegados del mayor estafador inmobiliario del departamento pretende descabezar al liquidador de Invernorte y otras dos empresas constructoras, Héctor Alirio Peláez Gómez.

“Se ha venido teniendo una serie de presiones a través de amenazas contra mi vida y mi integridad personal, para obligarme a renunciar a mi cargo y para obligarme a que realice la devolución de inmuebles a terceros, socios de las intervenidas y personas naturales comerciantes intervenidas, a lo anterior se suman denuncias disciplinarias, penales, recursos, acciones constitucionales y judiciales infundadas contra el suscrito, además de presión por parte de funcionarios del Estado para cesar las funciones del cargo, con el mismo fin”.

Así se ha expresado mediante comunicado público, Héctor Alirio Peláez Gómez, liquidador de las sociedades Constructora Invernorte, Constructora del Norte de Bello e Inmobiliaria Europa Construcciones y de las personas naturales comerciantes Jorge Wilson Patiño Toro y Martha Cecilia Holguín Castaño.

Las oscuras acciones emprendidas por Jorge Wilson Patiño Toro en contra del liquidador van hasta la Fiscalía General, ente donde acudió a presentar una denuncia por el presunto delito de concusión, porque supuestamente el liquidador le había pedido sumas de dinero a cambio de devolverle algunos bienes.

Maniobra encaminada a crear zozobra y desconfianza frente al proceso de liquidación y por ende evitar el pago de las acreencias a más de mil personas jurídicas y naturales afectadas por la mega estafa.

La resolución del primero de septiembre de 2022, firmada por el Secretario de Gestión y Control Territorial de Medellín, Carlos Mario Montoya Serna, garantizó que los activos de las referidas constructoras, que habían sido transferidos de manera fraudulenta a particulares como Jorge Wilson Patiño, su esposa Cris Valeri Quiroz Castaño, su suegra María Zobeida Castaño Marulanda, su cuñada María Alejandra Mendoza Castaño, Hugo José Brieva Gómez (padrastro de Cris Valeri) y Martha Cecilia Holguín (tía de Cris Valeri), fueran incorporados a la bolsa de activos para reparar a las víctimas.

Se ha calculado que los activos que estaban en poder de los particulares tienen un valor de 140.000 millones de pesos, que se suman a otros bienes calculados en 30.000 millones de pesos con lo cual se genera una importante masa liquidataria para concluir el proceso de reparación de las víctimas.

De otro lado, el juicio penal contra Cris Valeri Quiroz se inició hace 10 días y lo propio se hará contra su esposo Jorge Wilson Patiño en los próximos días. Anotando que ambos se encuentran en libertad por vencimiento de términos.

Voceros de las víctimas de esta estafa reconocen los aportes que ha hecho el concejal Carlos Ríos, quien además lidera un debate sobre el tema para el próximo nueve de noviembre en el Concejo de Medellín.

Hasta la fecha siguen en firme la resolución y el liquidador y se espera que los organismos de justicia cumplan su papel con sanciones ejemplarizantes contra todos los implicados.

Post Scriptum: ¿Cuáles son los abogados, funcionarios y allegados de la actual administración interesados en descabezar al liquidador y echar para atrás la resolución?

Bernardo A. Guerra Hoyos

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