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En menos de dos años, Colombia habrá tenido dos ministros de Educación escogidos por su utilidad ideológica. Uno viene de la izquierda más beligerante; la otra, de la derecha más confesional. Pero el vicio de fondo es el mismo: ninguno llegó al cargo por su hoja de vida en el sector, sino por su lealtad de trinchera.
Daniel Rojas Medellín asumió el Ministerio en 2024 sin experiencia laboral, académica ni investigativa en educación. Su antecedente más cercano era la Sociedad de Activos Especiales, que administra bienes decomisados al narcotráfico. Desde entonces, su gestión ha estado marcada menos por indicadores de cobertura o calidad que por su activismo en redes: mensajes que mezclan anuncios oficiales con ataques a opositores, quejas ante la Procuraduría por presunta participación indebida en política, y una tesis de maestría reprobada que el propio presidente Petro salió a defender. Sergio Fajardo lo llamó “atarván”; otros lo describieron como un “radical de izquierda” más interesado en la trinchera cultural que en la gestión. El propio Rojas ha respondido con frases como “seguiremos siendo patanes”.
Ahora llega Viviane Morales, con el signo cambiado. Su trayectoria es la de una operadora política y judicial de alto nivel —fiscal general, congresista, embajadora— pero sin un solo día de gestión en el sector educativo. No ha dirigido una universidad ni una secretaría de educación. Lo que sí tiene es un historial de activismo confesional: lideró un referendo contra la adopción homoparental, y en campaña centró su discurso en “proteger la infancia” y recuperar la “educación tradicional”. Llega, como Rojas, con un mandato simbólico e ideológico, no técnico.
El problema no es que un ministro tenga convicciones —todos las tienen—, sino que en ambos casos el nombramiento respondió a una imposición ideológica y no a una necesidad de gestión. Mientras la izquierda y la derecha se turnan el Ministerio como si fuera un cuartel para ganar la guerra de relatos, los datos estructurales del sector siguen intactos, indiferentes al color político de quien firme las resoluciones.
El reclutamiento de niños y niñas por grupos armados en zonas rurales ha venido en dramático ascenso en los últimos años, violando sus derechos fundamentales. El ICETEX sigue operando bajo una lógica esencialmente bancaria. La universidades públicas acumulan un déficit financiero y de infraestructura muy grave. Y la ineficiencia en el gasto público deja a millones de niños sin atención adecuada. Ninguno se resuelve con un trino combativo ni con una convicción religiosa.
Colombia lleva dos gobiernos consecutivos tratando la educación como un campo de batalla cultural en lugar de un problema de ingeniería social que exige gestión, presupuesto y continuidad. La pregunta no es de qué lado está el próximo ministro, sino cuándo exigiremos que llegue alguien cuya hoja de vida hable de aulas, currículos y cifras de cobertura —y no de trincheras.
Mientras los fanáticos de ambos bandos pelean por el relato, hay millones de niños y jóvenes esperando que alguien se ocupe de ellos.
