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Fuera de una situación fiscal, financiera y de salud desbaratada, otro reto gigantesco para enfrentar tendrá el nuevo Gobierno: el del orden público.
La mancha roja del avance de los grupos subversivos y de la delincuencia parece irrefrenable. En el solo período del Gobierno que agoniza, y según datos de su propio organismo institucional que las contabiliza, hubo más de un millón de víctimas, que se suman a las 10 millones que ha dejado el conflicto armado en los últimos 50 años. Además, una masacre cada 72 horas, y los homicidios que repuntaron. La inseguridad ciudadana se expande en el país como epidemia.
Ante este desolador panorama, Cepeda amenaza con boicotear la nueva administración invocando la desobediencia civil, para hacer la república invivible. Cuestiona la cercanía del próximo presidente colombiano con el de EE.UU. al incorporar a nuestro país al programa Escudo de las Américas. Tiene la oposición cepedista un acre sabor antiyanqui, tan propio de los marxistas.
Con la violencia desbordada, con una incapacidad comprobada del Estado para erradicarla, la democracia se va volviendo una entelequia. Una situación que da pie para revivir de nuevo la gran discusión acerca de si la seguridad debe ser tenida como su capacidad para proteger a los ciudadanos de acuerdo con la Constitución, o se queda como una simple narrativa que relativiza el uso de la fuerza legítima de las instituciones frente a organizaciones criminales cada vez más poderosas en armas y recursos –provenientes de la droga, la minería ilegal, el secuestro– pero ahora con mayor cobertura geográfica. Cuya gravedad se agudiza por la mayor tolerancia de un Gobierno en agonía, que deja como saldo unas Fuerzas Armadas debilitadas y con su moral no propiamente en la punta de la pirámide.
El conflicto colombiano contemporáneo es más criminal que ideológico. Si alguna vez, como origen de las guerras civiles del decimonónico colombiano, pudo haber tenido una alta dosis de filosofía para el manejo del Estado, ahora su mayor aliciente es el uso y abuso de las armas para coronar pingües negocios ilícitos. Como lo sostiene la exministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez, la evolución de la violencia colombiana exige ya, para enfrentarla, una política de seguridad alineada con la geopolítica mundial y regional. “La ambigüedad en el empleo de las fuerzas militares y policiales, la falta de enfoque en el fortalecimiento de las capacidades, la distorsión de la naturaleza criminal de las estructuras ilegales y la falta de cooperación internacional, no permiten enfrentar la delincuencia y el terrorismo en forma insular con los recursos propios del Estado colombiano (...). Sin autoridad, sin control territorial y sin capacidad coercitiva del Estado, la seguridad humana seguirá siendo una simple narrativa política”.
Por eso, De la Espriella ha propuesto crear en las grandes ciudades, acosadas por el crimen, la extorsión, el secuestro, un bloque de búsqueda para enfrentar esos delitos. Es una iniciativa audaz, que puede ser controvertible por los riesgos de incurrir en excesos, pero que hoy, frente a la realidad del desorden público, se hace válida experimentarla.
