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Columnistas | PUBLICADO EL 14 octubre 2022
El lockout o cierre empresarial
No es de recibo que se proponga adelantar un lockout, como medida extrema contra un gobierno que apenas inicia, sin tener en cuenta el contexto internacional.
Por Luis Fernando Álvarez Jaramillo - lfalvarez@gmail.com
El lockout o cierre patronal puede estar dirigido contra los trabajadores o contra el Estado, con el fin de forzar el cambio de una política pública o como expresión de descontento contra un determinado gobierno. El paro empresarial ha sido reconocido constitucional y legalmente en varios países, como España y Suiza.
En Colombia, algunos sectores comienzan a plantear la posibilidad de desarrollar un lockout, como medida extrema que presione al gobierno del presidente Gustavo Petro, para que corrija o cambie ciertas orientaciones políticas y proyectos de gobierno. Afirman que está demostrado que la realización de simples manifestaciones o marchas pacíficas, no producen resultados importantes para lograr algún efecto positivo con respecto a aquellas orientaciones y decisiones políticas que se consideran inadecuadas para lograr un óptimo desarrollo de la sociedad.
En la historia contemporánea hay casos notorios de cierres patronales con importantes resultados políticos. Quizás el primero de ellos fue el gran cierre patronal Australiano en 1929, medida extrema frente a un conflicto laboral intensamente violento; el lockout de los camioneros de Chile de 1972, que tuvo gran incidencia en la posterior caída del gobierno de Salvador Allende; y el paro de los patronos agropecuarios en Argentina en 1975 que debilitó de manera grave el gobierno de María Estela Martínez de Perón.
En la historia social y política de Colombia, el caso más sonado es el que se relaciona con la renuncia a la presidencia por parte del general Gustavo Rojas Pinilla. La crisis del gobierno Rojas comenzó en 1956, con el retiro del apoyo por parte de los partidos tradicionales, entre otras cosas, porque, además de convocar una Asamblea Constituyente para legitimar su gobierno de facto, el general pretendió organizar un movimiento político propio por fuera de los partidos vigentes e iniciar gestiones para su reelección entre 1958 y 1962, ignorando el creciente malestar ciudadano, agravado por la difícil situación económica y la crítica por parte de la iglesia católica, a lo que se sumaron una serie de hechos, como el arresto del candidato Guillermo León Valencia.
El 5 de mayo de 1956, por iniciativa de sus directivos, dejaron de circular los principales diarios del país. El 6 de mayo cerraron los bancos. El 7 de mayo se programó una parálisis industrial total en Bogotá y Medellín, movimiento que se extendió el 8 de mayo a otras ciudades como Cali y Barranquilla. El presidente reaccionó anunciando sanciones a los bancos. Todo esto hizo que finalmente, luego de reuniones con la cúpula militar y distintos sectores de la sociedad, el 10 de mayo de 1957 el general Rojas se vio obligado a renunciar al poder.
De acuerdo con lo descrito, por el momento y por las circunstancias de comunicación propias de la actualidad, no es de recibo que se proponga adelantar un lockout, como medida extrema contra un gobierno que apenas inicia, teniendo en cuenta, además, que en estricto sentido, las distintas medidas deben evaluarse en el marco de un contexto internacional
