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Según un estudio de la Universidad Javeriana, en el norte del Cauca hay 21 cabildos indígenas, compuestos por 38.999 familias y propietarias de 84.654 hectáreas. Esto da 2,17 hectáreas por familia, una extensión de terreno bastante más grande que la que tiene la mayoría de los colombianos.
Desafortunadamente hay una minoría de la población indígena que es la que genera las invasiones —estimadas ya en cinco mil hectáreas— y que son los que causan zozobra en la región. Detrás de esto se esconde el narcotráfico. Esta zona del país es apta no solamente para cultivar hoja de coca y marihuana, sino que es un corredor importante para el transporte de droga desde el interior del país hacia el Pacífico.
Es evidente que hay que solucionar un problema de pobreza casi que endémica en esa zona del país. Pero el acceso a la tierra no es la forma. La problemática, la narrativa y la solución se tienen que alejar de la provocación de dar hectáreas adicionales a las comunidades. La tierra debe ser un medio, no un fin. Esto pasa por diseñar planes productivos e integrales y por afianzar la seguridad y prosperidad en la zona. Incluye educación, empleo, transferencia tecnológica para aplicar mejores prácticas agrícolas, establecimiento de centros de investigación al estilo del Ciat o de Cenicaña, dos ejemplos de gran éxito en el Valle del Cauca. En fin, diseñar una especie de plan de desarrollo específico para la zona.
Lograr lo anterior requiere del concurso del sector privado, por supuesto. Pero no hay forma de que se solucione la problemática tan compleja del norte del Cauca si el Estado no interviene. Pero no solamente proponiendo diálogos, o procurando comprar tierra improductiva a la fuerza. El Estado tiene que hacer presencia con todos sus servicios, incluyendo los de seguridad (Policía y Ejército). Dejar esto en manos del sector privado y las comunidades indígenes es utópico y no va a generar ninguna solución estructural. Las declaraciones del gobierno de la semana pasada son un buen comienzo para esto, aunque de nada sirven las declaraciones si no hay detrás acciones concretas que muestren que el gobierno lo dice en serio.
Pero no es suficiente. Tal como se hizo en el pasado para el terremoto de Armenia, o para San Andrés, o para el Catatumbo, el gobierno podría nombrar un “gerente” que convoque, articule las diferentes agencias del Estado que deben intervenir, y permita gestionar el presupuesto requerido para comenzar a destrabar este tema.
Resolver la problemática del norte del Cauca es un tema de interés nacional, no local. Aquí está en juego no solamente el respeto a la propiedad privada bien habida, sino al Estado de derecho, el papel y rol del Estado en el bienestar y seguridad de sus ciudadanos, y en el ejemplo para otros potenciales conflictos que se pueden generar en el el resto del país. Ya hay brotes de invasiones en el Valle, el Cesar y el Huila.
El problema del norte del Cauca dejó de ser uno local desde hace rato. Es fundamental que el gobierno intervenga. De lo contrario, corremos el riesgo de que no solamente el Cauca, sino muchas regiones más pierdan su norte