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Columnistas | PUBLICADO EL 21 marzo 2023
Duele el Bajo Cauca y Nordeste antioqueño
Estas dos subregiones son extremadamente ricas en minerales y, gracias a la ausencia estatal, han logrado consolidarse en un coctel de descontrol impresionante.
Por Juan Camilo Quintero M. - @JuanCquinteroM
Lo vivido estos últimos 15 días en el Bajo Cauca y Nordeste antioqueño pone de presente la capacidad operativa de los grupos al margen de la ley para bloquear un territorio y paralizar todas sus actividades. Años atrás nos entusiasmó el proceso de paz con la guerrilla y la desmovilización del paramilitarismo porque estos resolverían gran parte de los problemas de violencia y control territorial que por años han mantenido grupos delincuenciales, sin embargo, esos espacios ganados por el Estado a través de la desmovilización fueron ocupados rápidamente por las Bacrim que hoy, gracias al negocio de la coca y la extracción ilícita de minerales, logran financiarse para seguir controlando grandes extensiones, destruyendo el tejido social, acabando con los ecosistemas y contaminando las aguas. Basta con ver el daño inmenso que se ha generado en la laguna de Ayapel donde llega parte del sedimento y aguas contaminadas por la extracción ilegal y criminal de minerales.
Debemos reconocer que estas dos subregiones son extremadamente ricas en minerales y, gracias a la ausencia estatal, han logrado consolidarse en un coctel de descontrol tan impresionante que cuando el Estado trata de intervenir se dispara la violencia y trae las consecuencias que hoy estamos viviendo.
A propósito del nuevo Código de Minas que se discutirá este año en el Congreso de la República, esta puede ser la oportunidad para revisar la forma como se accede a las áreas de interés minero en Colombia. Pero más allá de eso, debe ser la oportunidad para revisar el proceso y los costos de licenciamiento ambiental. Hoy día un pequeño minero informal no tiene cómo pagar un estudio de impacto ambiental, el proceso es largo y complejo y, tal vez por esta razón, le es más rentable y cómodo estar en la informalidad explotando áreas no tituladas. Al no estar concesionadas, están libres y pueden ser solicitadas por un proponente que quiera explotarlas legalmente, generando un nuevo conflicto, adicional a la baja capacidad del Estado que ha sido incapaz de resolver este conflicto de décadas al que hoy se han sumado las Bacrim.
Definitivamente la mejor forma de hacer frente a esta problemática es atrayendo inversión que tenga la capacidad de explotar los minerales de manera correcta, que apoye al Estado en la formalización empresarial del pequeño minero informal y que transfiera buenas prácticas y tecnologías a las pequeñas operaciones en estos territorios.
Como en toda estructura empresarial, se necesitan empresas grandes, medianas y pequeñas, todas caben en el territorio, lo que sí no creo es que se resuelvan los temas sociales y ambientales del Bajo Cauca culpando a las grandes empresas y mirando cómo se reparten los títulos de estas entre los pequeños mineros informales que piensan formalizarse.
P.D: tenemos que rodear a nuestro Gobernador en esta lucha por la extracción criminal
