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La tarde del 24 de marzo de 1976, hace medio siglo, las fuerzas armadas de Argentina derrocaron al gobierno de Isabel Perón y dieron inicio a la pavorosa noche de la dictadura. América Latina era un polvorín. Como tablero estratégico de la Guerra Fría, este patio trasero de Estados Unidos -como lo llamaban entonces y lo han vuelto a llamar ahora- era el territorio de las disputas más sangrientas entre los grupos guerrilleros terroristas y los autoritarismos que, coartando todas las libertades democráticas, insistían en que su lucha era justamente por la libertad. En el caso argentino, la junta de militares, encabezada por Jorge Rafael Videla, inició lo que denominaron Proceso de Reorganización Nacional, una época macabra de suspensión del Congreso y de los partidos políticos. De intimidación y desapariciones y torturas. De la represión sistemática que vería su fin siete años después, a finales de 1983 -con la espina de Malvinas en el corazón- y la elección en democracia de Raúl Alfonsín.
Pocas sociedades en América Latina han logrado hacer lo que hicieron los argentinos. De manera rápida y concluyente y sin ambigüedades, les gritaron a sus represores en la cara que algo como eso no se repetiría Nunca Más. Así. En mayúsculas. Y el cuestionamiento -el recuerdo y la no repetición- de ese periodo de sangre y horror pasó a ser el eje del consenso democrático sobre el que se construyó la nación en las décadas posteriores.
La brutalidad de los vuelos de la muerte, de los hijos desaparecidos por los que preguntaban sus madres en la Plaza de Mayo, que serían luego abuelas, de las torturas y de la más absoluta censura y control de la vida pública, genera escalofrío cinco décadas después en la mente de cualquier demócrata. Pero, también hay que decirlo, para sorpresa y vergüenza, recibe ciertas simpatías en los discursos que actualmente sobrevuelan el hemisferio. El reduccionismo y la simplificación de la desgracia histórica que fue la última dictadura, construyen hoy unas complicidades que deben prender todas las alarmas.
En medio de una profunda crisis de la democracia liberal aparecen discursos que invocan al orden o al pueblo y banalizan los autoritarismos. Desde la izquierda y desde la derecha, con máscaras diversas, pero objetivos totalizantes idénticos, las promesas de reconstrucción de las naciones y de recuperación de los vínculos directos con la ciudadanía, exigen mayores poderes para actuar. Cambios de las leyes que los favorezcan. Constituciones nuevas. Erradicación de pesos y contrapesos que, en su visión despótica, no son más que estorbos burocráticos. Prometen que luego devolverán a la democracia lo que le quitan. Que son momentos excepcionales. Todo en nombre -insisto- del “orden” o del “pueblo”. Es una promesa falsa.
Cuando un autoritarismo llega al poder acaba la democracia desde adentro. Y hay que estar alerta porque el quiebre ya no será con un golpe como el del 76. Será a través de unas elecciones como las que vienen.
