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El pasado 25 de marzo, la Corte Suprema de Justicia condenó a Ciro Ramírez Cortés, senador del Centro Democrático por el departamento de Boyacá, a más de 23 años de prisión. El fallo lo encontró culpable de concierto para delinquir, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos. En términos simples: durante el gobierno uribista de Iván Duque, entre 2020 y 2022, Ramírez usó su influencia como congresista para direccionar cerca de 90 mil millones de pesos en contratos del Departamento de Prosperidad Social a empresas amigas, a cambio de coimas. Plata destinada a los más pobres, capturada por una red de corrupción que se conoció en la prensa como el escándalo de ‘Las marionetas’.
La condena es histórica. Pero sería un error leerla como el fin de una historia. Es, más bien, un capítulo de una larga saga que lleva décadas desarrollándose en Boyacá.
Ciro Ramírez Cortés no llegó al poder solo. Llegó cargando el apellido y la red de su padre, Ciro Ramírez Pinzón, quien durante años fue el cacique político del departamento. El padre recorrió el concejo de Moniquirá, la Asamblea Departamental, la Cámara de Representantes y el Senado, construyendo una maquinaria que empezó en el Partido Conservador y eventualmente migró hacia el uribismo. En 2011, la misma Corte Suprema lo condenó por vínculos con el Bloque Central Bolívar de las AUC y con el narcotraficante alias ‘El Doctor’. Parapolítica, en una palabra.
Esa condena no desmanteló el clan. Lo reorganizó. Desde su proceso judicial, el padre siguió proyectando su influencia, esta vez a través del hijo. Ciro Ramírez Cortés pasó de representante a la Cámara a senador, y construyó su propia red de operadores dentro del partido. Uno de ellos fue Guillermo Sánchez, conocido como el Mono, quien trabajó en su unidad de trabajo legislativo, fue su ficha en la Asamblea Departamental de Boyacá, y era considerado el candidato del clan a la gobernación del departamento. El Mono Sánchez está casado con Zandra Bernal, exalcaldesa de Socha, quien en las elecciones del pasado 16 de marzo resultó elegida senadora por el Centro Democrático, ocupando exactamente la curul que deja Ciro Ramírez tras su condena.
La secuencia es difícil de ignorar. Cuando el padre cayó, subió el hijo. Cuando el hijo cayó, subió la esposa del operador político del hijo. No es una coincidencia. Es una arquitectura política que sirve para que el poder del clan permanezca, independientemente de quién enfrente a la justicia.
Colombia ha avanzado en su capacidad para condenar. La Corte Suprema ha dado golpes que hace unos años habrían parecido muy difíciles de materializar. Pero condenar individuos no es lo mismo que desmantelar estructuras. Mientras las redes se reconstituyan a través de nuevos nombres, la impunidad real no está en los fallos que no llegan, sino en los mecanismos que permiten que el poder se herede como si fuera un bien de familia.
La pregunta que deja la condena de Ciro Ramírez no es si la justicia funciona. Es si funciona lo suficientemente rápido como para que estos clanes no encuentren la forma de reinventarse.
