Pico y Placa Medellín
viernes
0 y 6
0 y 6
Cuando la desinflada idea de una Asamblea Constituyente parecía quedar en el olvido y propuestas como un referendo para un “Acuerdo Nacional” o los constantes llamados a “movilizar al pueblo” se habían vuelto parte del paisaje, el presidente Petro encuentra un nuevo pretexto en la caída de la reforma laboral: una consulta popular para que sea el “pueblo” quien decida sobre la implementación de su reforma laboral y la de salud. Otra maniobra que no hace más que evidenciar su desdén por los límites que nuestra democracia liberal impone al poder presidencial.
La propuesta de convocar una consulta popular, al igual que la idea de una Asamblea Constituyente, no es, en sí misma, antidemocrática: se trata de un mecanismo de participación ciudadana plenamente válido y contemplado en nuestra Constitución. Sin embargo, más allá de su legitimidad y de la astuta estrategia política que implica usar este mecanismo como pretexto para anticipar desde ya la campaña de 2026 del movimiento del presidente, esta nueva iniciativa refuerza la particular visión que tiene Petro sobre la democracia.
Porque desde hace tiempo, el mandatario ha dejado claro que, en su visión, los votos que obtuvo en la primera vuelta presidencial le conceden un mandato absoluto para reformar el país a su antojo, y que cualquier límite institucional a su poder no es más que un obstáculo ilegítimo impuesto por lo que él considera un “enemigo interno”: la Constitución, el Congreso, las cortes y, en general, el ordenamiento jurídico que rige el funcionamiento del Estado en Colombia.
Por eso, hoy más que nunca, es crucial recordar que la “democracia”, en sí misma, es insuficiente: ganar unas elecciones no equivale a recibir un cheque en blanco. Lo que debe defenderse es la democracia liberal que rige en Colombia: un sistema político que no solo garantiza elecciones libres, sino que también salvaguarda el Estado de Derecho, la separación de poderes y la protección de libertades fundamentales como la propiedad privada y la libertad de expresión.
El abuso de referendos, plebiscitos y otros mecanismos de consulta directa, lejos de profundizar la democracia, termina por debilitarla: eliminan la deliberación, omiten los matices y evitan el debate necesario para alcanzar consensos, que es la esencia misma de la política. No es casualidad que las consultas directas al pueblo sean las herramientas predilectas de los déspotas y tiranos.
El Congreso, elegido por millones de colombianos, también representa un mandato popular. Lo verdaderamente antidemocrático es intentar deslegitimarlo y desconocer sus funciones cuando sus decisiones no se alinean con los intereses del poder ejecutivo.
En un país donde tantos viven del pesimismo, conviene recordar una de las pocas áreas en las que Colombia ha demostrado ser realmente competitiva: en medio de una región marcada por dictaduras militares, a pesar de la violencia, el narcotráfico y las amenazas insurgentes, Colombia ha sido un oasis de estabilidad democrática.
Como lo expresó con precisión Malcolm Deas, uno de los historiadores que mejor ha estudiado al país, Colombia ha sido por décadas un país con “unos hábitos políticos con raíces profundas: nadie se atreve a jugar con el calendario electoral; es un país con muchas libertades, que le da la debida importancia a la división de poderes”. No todos los países de la región pueden decir lo mismo.
Por eso, al igual que ha sucedido con intentos similares del presidente, ojalá esta nueva iniciativa termine en un fracaso rotundo, reafirmando que son las instituciones las que salvan a la democracia colombiana.
