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Once campesinos de Jericó enfrentan un juicio penal por protestar contra la Anglo Gold Ashanti. Esta semana, un juez les negó la medida de aseguramiento, lo que les permitirá defenderse en libertad. Aun así, es una pelea completamente desigual: la de unos hombres que defienden su tierra, contra una empresa multimillonaria, buffet de abogados y grandes conexiones.
El centro del conflicto es el proyecto minero Quebradona, que busca explotar un yacimiento de oro, cobre, plata y molibdeno ubicado a unos 400 metros de profundidad de la montaña donde viven estos campesinos. Pretenden construir dos túneles de 6 kilómetros para alcanzar el mineral y extraer cerca de 130 millones de toneladas de material. La vida útil proyectada: tres años de construcción, 21 de explotación, tres de cierre y diez de poscierre. Es, de lejos, uno de los proyectos de minería más ambiciosos del país.
Pero no se puede hablar de Quebradona sin entender el territorio. Jericó y municipios vecinos como Támesis y Fredonia son zonas de altísima riqueza natural y arqueológica. Su vocación ha sido agrícola, cafetera, con economías campesinas construidas alrededor de la montaña, los nacimientos de agua, las trochas, las quebradas y el paisaje. Un paisaje que no es solo bonito: es identidad, es sustento, es memoria. Es uno de esos lugares donde uno siente que la vida merece ser cuidada en su forma más esencial.
Los campesinos de Jericó han alzado la voz para advertir que el proyecto minero pone en riesgo esa vida. No ha sido una oposición irracional ni “antidesarrollo”, como algunos quieren hacerla ver. Ha sido una resistencia informada, basada en dudas serias sobre el impacto ambiental y social de una megaminería en esta zona. Dudas que compartió, por cierto, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), que en 2021 decidió archivar la solicitud de licencia del proyecto, y luego en 2022 ratificó esa decisión.
¿Qué dijo la ANLA? Que los estudios no delimitaban bien la zona de influencia del proyecto. Que la información sobre hidrogeología, hidrología, geotecnia y biodiversidad era insuficiente. Que no se había previsto con rigor la disposición de los residuos. Que faltaban consideraciones sobre el paisaje, los caminos tradicionales y el potencial turístico de la región. Nada menor. Y, sin embargo, AngloGold ha seguido en movimiento: no solo con campañas de legitimación en la región, sino también con acciones como esta, en la que convierte un conflicto social en un caso penal.
No se trata de satanizar la minería. Colombia y el mundo necesitan minerales. Pero también hay que decirlo sin rodeos: no todo se puede hacer en cualquier parte. Hay lugares que no admiten el modelo extractivo sin que el daño sea irreversible. Hay territorios —como el Suroeste antioqueño— que en medio de esta época de inmediatez nos invitan a detenernos, a contemplar, a proteger lo que nos queda. Porque hay riquezas que no están bajo tierra, sino sobre ella.
Por eso, aunque celebramos que el juez haya negado la medida de aseguramiento contra los campesinos, seguimos con los ojos abiertos. La historia no ha terminado.
