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El Catatumbo vuelve a ser el epicentro del horror. En menos de un mes, la región ha vivido una de las crisis humanitarias más graves de las últimas décadas por cuenta de enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y el ELN. Más de 50.000 personas han sido desplazadas, más de 50 han sido asesinadas y miles han quedado confinadas entre el fuego cruzado de grupos armados que compiten por el control estratégico de la frontera con Venezuela y la renta del narcotráfico. La respuesta del Gobierno Nacional ha sido la declaratoria del estado de conmoción interior, una medida excepcional que no se tomaba desde hace 17 años (gobierno Uribe) y que otorga poderes extraordinarios al Ejecutivo para enfrentar la crisis. Sin embargo, la conmoción no puede ser solo un recurso de emergencia sin estrategia de fondo: el país debe preguntarse si esta medida es el último recurso de un gobierno que ha perdido el control sobre la seguridad.
La política de “paz total” prometida por el Gobierno ha demostrado ser, en el mejor de los casos, ingenua, y en el peor, un rotundo fracaso. Mientras el ELN y las disidencias de las FARC fortalecen su capacidad militar, la Fuerza Pública pierde margen de maniobra. La realidad del Catatumbo evidencia la fragilidad de la estrategia de diálogos: sin condiciones claras ni una estructura real de verificación, las negociaciones han servido más para darle oxígeno a los grupos ilegales que para traer soluciones concretas.
La firma del Acuerdo de Paz con las FARC en 2016 fue un paso histórico para Colombia, pero su implementación ha sido negligente. En vez de fortalecer la presencia estatal en territorios históricamente golpeados por la violencia, el Gobierno ha permitido que estos espacios sean ocupados por actores armados cada vez más fuertes. La incapacidad de cumplir con lo pactado en La Habana ha generado desconfianza y ha dejado a las comunidades en la peor de las situaciones: sin Estado, sin seguridad y sin oportunidades.
Ahora bien, el decreto de conmoción interior puede ser una herramienta válida para atender la crisis, pero debe responder a preguntas fundamentales. ¿Cuáles son los objetivos concretos de la medida? ¿Cómo garantizar que no se prolongue más de lo necesario ni se convierta en un instrumento para limitar las libertades civiles? ¿Cómo asegurarse de que la población civil no termine aún más afectada por las decisiones del Gobierno?
El país no puede conformarse con un despliegue de militares y restricciones de derechos sin una estrategia real de recuperación del territorio. Las soluciones estructurales requieren de inversión social, de una política de seguridad efectiva y del fortalecimiento del Estado en las zonas más vulnerables.
El Catatumbo no puede seguir siendo un escenario de guerra perpetua ni un laboratorio fallido de diálogos sin resultados. La comunidad internacional, las organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil deben vigilar de cerca lo que ocurra en los próximos meses. Porque si algo ha demostrado la historia de Colombia, es que cuando el Estado abandona a su gente, otros llenan ese vacío con sangre y fuego.
