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La justicia se toma su tiempo, pero cuando llega, es implacable. Tras años de denuncias y advertencias, la Fiscalía ha decidido imputar a Daniel Quintero y a varios de sus exfuncionarios por su participación en el escándalo del lote Aguas Vivas, un caso que expone con crudeza la manera en la que el quinterismo convirtió la Alcaldía de Medellín en un centro de operaciones para favorecer a su círculo más cercano.
El caso es claro. En 2020, en los primeros meses del gobierno de Quintero, se emitió un decreto que modificó el POT para cambiar el uso del suelo de un predio ubicado en Las Palmas. Con este movimiento, el lote pasó de valer $2.700 millones a $48.000 millones, un incremento de más del 1.600% que solo se explica desde la manipulación del valor del suelo con fines políticos y económicos.
Pero lo más grave no es solo el aumento desproporcionado del precio, sino el trasfondo de esta jugada. Aguas Vivas era un terreno que, desde 2014, formaba parte del banco de tierras de la ciudad y estaba destinado a ser espacio público. Sin embargo, Quintero y su administración ordenaron un nuevo avalúo, desconocieron el uso previamente establecido y firmaron un decreto sin la aprobación del Concejo de Medellín, lo que constituye una clara violación a la ley y le valió la imputación por prevaricato.
El exalcalde no actuó solo. En este negocio hay nombres que se han movido en la política antioqueña durante años y muchas veces con cuestionamientos. Uno de ellos es Luis Pérez, exgobernador y viejo aliado de Quintero, quien en 2015 adquirió el 39% del lote junto con empresas privadas, para luego vender su participación a los mismos propietarios un año después.
Los dueños del lote pretendían que la Alcaldía reconociera el faltante de los $48.000 millones inflados en la nueva valoración. En un intento por maquillar la operación, propusieron entregar el 70% del terreno para un supuesto ecoparque, mientras desarrollaban proyectos en el 30% restante. Quintero, por su parte, buscaba instalar allí la sede central del Valle del Software, otro de los fracasos de su administración. Afortunadamente el Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Antioquia frenaron esta maniobra al considerar que ponía en riesgo el patrimonio público y que no existían pruebas suficientes para justificar la transacción. Mejor dicho, nos salvamos del atraco pero la intención de daño era evidente.
Para que este proceso llegue a buen término, es fundamental que la justicia pueda actuar sin presiones ni amenazas. La fiscal que lidera este caso es una mujer valiente, que ha asumido una tarea difícil enfrentando a un personaje sin escrúpulos, que ha demostrado estar dispuesto a cualquier cosa para salvar su pellejo. No olvidemos que Quintero utilizó el aparato del Estado para perseguir a periodistas, acosar a opositores y construir un relato victimista cuando la verdad empezaba a alcanzarlo. Ahora intentará desacreditar a la justicia con la misma estrategia.
