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Hay estadísticas que me preocupan y me ocupan.
Según reporte del Dane, para el mes de julio de este año había 22,05 millones de personas empleadas y una tasa de desempleo del 11 %. Cifras mucho mejores que las del mismo periodo del año anterior. Buena noticia para una economía en recuperación post pandemia.
Lo preocupante, además de los 2,72 millones de colombianos que buscan empleo y no encuentran, es que, del total de empleados, el 58,7 % está en la informalidad.
Esto significa que 12,87 millones de personas no tienen empleos de calidad: reciben salarios inferiores al mínimo legal, ni ellos ni sus empleadores aportan a la seguridad social (pensiones, salud, Sena, cajas, riesgos laborales), tampoco contribuyen con impuestos de renta.
Para estas personas no llega el beneficio de un incremento generoso del salario mínimo ni la reducción de la jornada laboral; mucho menos horas extras o vacaciones remuneradas. Tienen trabajos de subsistencia o de rebusque. Muchos de ellos son los y las nadies a quienes se refiere con ilusión nuestra vicepresidenta Francia Márquez.
Por fortuna, tienen cobertura en salud por el Sisbén y algunos de ellos acceden a otros subsidios del gobierno.
Si queremos en verdad cerrar la brecha de la desigualdad y la pobreza, una tarea urgente consiste en promover la formalización del trabajo.
Las preguntas son: ¿por qué tenemos esta enorme brecha y cómo cerrarla?
El fenómeno está muy bien documentado en la misión de empleo coordinada por Santiago Levy y Darío Maldonado.
Una de las causas es la forma como se construyó nuestra legislación laboral, que privilegia la protección de las personas por encima de los empleos, cargando el costo de la seguridad social en el empleador y limitando la movilidad laboral.
Existe una enorme brecha de costos y productividad entre el trabajo formal y el informal. Para que un emprendedor informal se formalice debe renunciar aproximadamente al 40 % de sus ganancias, lo cual constituye un gran estímulo para que permanezca en la informalidad.
Según Interactuar, pocos emprendedores de subsistencia logran pasar a la formalidad. Se requiere financiación, formación, acompañamiento permanente para aprender a moverse en el complejo mundo de los requisitos legales y las entidades de vigilancia y control.
Generalmente, lo hacen motivados por la posibilidad de acceder a mercados de mayor tamaño, que aumenten los ingresos, cubran el costo, justifiquen el esfuerzo y se reflejen en mayores utilidades después de pagar impuesto de renta. Lo más bonito de quienes lo logran es que su mayor orgullo es brindar empleos de calidad para su familia y su comunidad.
Ahora pasemos al terreno de las soluciones. Obviamente, el camino no es fácil ni se resuelve con una reforma laboral contundente. Tampoco con mecanismos represivos ni entidades de control. Las mayores cargas a la formalidad profundizarían aún mas la brecha.
El gobierno pasado creó la ley 2254 de 2022, por medio de la cual se crea la “escalera de la formalidad”, que propone un camino gradual de tres escalones para que micro, medianas y pequeñas empresas tengan incentivos y beneficios en su camino hacia la economía formal.
Su reglamentación deberá hacerse en un plazo máximo de seis meses y estará a cargo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en coordinación con el Ministerio de Trabajo y otras entidades.
Universidades y fundaciones tienen estudios juiciosos que pueden aportar a la reglamentación de la ley y estarían encantados de participar en mesas de trabajo con los dos ministerios.
Llegó la hora de aplicar el triángulo virtuoso de Estado-Universidad-Empresa en pro de la inclusión de los y las nadies en el mundo formal