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Tras el debate al que cité al ministro de transporte para hablar del estado de los proyectos de las vías 4G que pasan por nuestro departamento concluí que, aunque Gustavo Petro lo prometiera durante su última campaña, el Gobierno Nacional parece obstinado en frenar el cambio en Antioquia, o al menos ponerlo en neutro.
La infraestructura vial antioqueña lleva décadas de atraso, lo cual ha afectado el desarrollo industrial, agrario y turístico, no sólo del departamento, sino de la nación. Para resolver esa deuda histórica, por más de quince años hemos planeado y desarrollado las vías 4G: un conjunto de proyectos viales que conectarán a Antioquia con el país, los cuales facilitarán la conexión entre el Pacífico y el Caribe colombianos, nos acercarán al sistema portuario de Urabá y servirán directamente a, por los menos, otros seis departamentos. Cuatro presidentes y cinco gobernadores han apoyado este conjunto de nueve proyectos viales que hoy tienen avances entre 60% y 95% y requieren voluntad política para resolver los obstáculos técnicos y financieros que impiden su terminación.
Por eso resulta sorprendente que el Gobierno Nacional, en cabeza de su ministro de transporte, haya manifestado su negativa a destinar los recursos necesarios para culminar estos proyectos, pese a que en el Plan de Desarrollo se había determinado su importancia y estipulado una partida presupuestal para ello.
Actualmente se necesitan alrededor de 2 billones de pesos para resolver las dificultades que atraviesan proyectos como Pacífico (conexión al Suroeste, Chocó y el Eje Cafetero) y Vías del Nus (conexión con la costa Atlántica). Las alternativas planteadas por el Gobierno Nacional no son del todo satisfactorias: propone una cofinanciación por parte del departamento y un cobro de valorización por parte de la nación. No nos oponemos a esta opciones; sin embargo, es pertinente recordar que tanto Antioquia como Medellín ya han invertido importantes recursos en estos proyectos nacionales, que el nuestro es el único departamento que hoy cofinancia estas vías de orden nacional y que estructurar un cobro de valorización toma tiempo, lo que podría retrasar varios años más la terminación de las obras. Lo más preocupante es que, tras 15 meses de gobierno, aún estemos en la fase de buscar alternativas, cuando esto debería haberse resuelto en el primer año.
Por fortuna, la bancada de congresistas antioqueños, en compañía del Gobernador y su equipo técnico, nos hemos unido para exigir al Gobierno Nacional respuestas definitivas; los ministros de Hacienda y Transporte parecen dispuestos a concertar una solución. Sería un fracaso que, después de cuatro años, proyectos que hoy están en 95% de desarrollo se quedaran así, obstaculizados, causando frustración y generando nuevos sobrecostos. Esperamos que este horizonte se aclare antes de la votación del presupuesto del 2024 en el congreso.
El presidente ha hablado en numerosas ocasiones sobre la necesidad de reindustrializar el país, hacer de Colombia una potencia turística y llevar desarrollo al Pacífico colombiano; las vías 4G en Antioquia sirven a todos esos propósitos. Por ello, por coherencia y visión estratégica, la nación no debe retrasar más la culminación de estos proyectos, el cambio no puede quedarse en neutro.
