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Las normas que regulan el ejercicio de la democracia establecen que el derecho al voto de los ciudadanos es universal, libre, secreto, igual y directo, y además le exigen al Estado que controle para que este derecho se ejerza sin ningún tipo de coacción. Sin embargo, estos principios no se cumplen cabalmente porque operan mecanismos de control e imposición sobre muchos electores que los obligan a votar por determinado candidato, lista de candidatos, votar en blanco o abstenerse, como son el voto constreñido, el voto clientelizado y el voto comprado, que enferman la democracia.
El voto constreñido se caracteriza porque la violencia se manifiesta como instrumento político y grupos armados al margen de la ley, utilizan la fuerza o amenazan con utilizarla, con el fin de obligar al ciudadano habilitado para votar a que deposite el voto en la urna por el candidato o lista de candidatos que ellos respaldan. Esta actuación de los grupos armados reduce las opciones electorales y violenta el derecho de los votantes.
El voto clientelizado se caracteriza porque el derecho al sufragio se convierte en desigual transacción, donde los políticos ofrecen beneficios a los clientes a cambio de que voten por quien estos les ordenan. Los beneficios pueden favorecer al cliente con cargos públicos, dádivas, favores y contratos, o a la comunidad donde el cliente tiene influencia con obras o servicios realizados con auxilios parlamentarios o cupos indicativos financiados con partidas presupuestales del Estado. El clientelismo se intensifica en tiempo de elecciones y permite a los políticos que lo practican controlar el comportamiento del votante, perpetrando redes de poder y relaciones de dependencia.
El voto comprado se caracteriza porque el derecho al sufragio se convierte en una negociación privada en la que el elector brinda apoyo político y vota por quien le manda el que le compra el voto, para de esta manera obtener una recompensa individual, por lo general dinero en afectivo. Se presenta así corrupción del votante y el intercambio del voto por una ganancia económica.
No pueden descartarse las presiones de las que hacen uso altos funcionarios sobre sus subalternos, para que voten en determinado sentido, a sabiendas que si no obedecen pueden perder el puesto que ocupan.
Tanto el voto comprado y el voto constreñido pueden presentarse antes que el ciudadano habilitado para votar deposite el voto en la urna, mientras que el voto clientelizado exige una relación interpersonal directa entre el político que clienteliza y el ciudadano clientelizado.
Es necesario resaltar que estos comportamientos orientados a controlar la voluntad del elector y desconocer su derecho a decidir libremente por quién votar, atentan contra la libertad y el secreto del voto y limitan la justa competencia política y electoral que demanda toda democracia, lo que la afecta negativamente ya que instrumentaliza, manipula y violenta al sufragante para que elija en determinada dirección, aún contra sus profundos deseos y personales convicciones políticas.
Es urgente, para tener una democracia sana, atacar los síntomas de su patología, puesta de presente por el voto constreñido, clientelizado y comprado, acción que le corresponde, dentro de sus competencias, a la justicia, al gobierno, al congreso y a los congresistas que acuden, aprovechan y fomentan el dañino clientelismo.
