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La orden llegó desde Estados Unidos, en cabeza de su presidente Donald Trump, el viernes 24 de enero: la mayoría de los programas de USAID, entidad estadunidense encargada de administrar recursos económicos y humanitarios a nivel internacional, debían interrumpir sus operaciones. Una única directriz provocó la cancelación de una multiplicidad de iniciativas: conllevó la interrupción de programas que facilitaban asuntos vitales, como la distribución de alimentos, el abastecimiento de agua o el suministro de medicamentos para el VIH. También se vieron interrumpidos programas que proveían de educación a niños o proyectos que contenían la deforestación de la Selva Amazónica. Se vieron afectados programas cuya finalidad era reducir la violencia de género, la trata de personas o la creación de pandillas.
El programa para el cual trabajé durante un poco más de dos años procuraba fortalecer los sistemas educativos, mediante la formación de maestros, para mejorar el clima escolar de las instituciones educativas con mayor cantidad de población migrante. También nosotros fuimos notificados y, en tanto recibíamos recursos de USAID, nuestro proyecto se detuvo. Tan precisas y radicales fueron las indicaciones, que absolutamente nada podía realizarse: ni reuniones, ni avances, ni envío de correos. La congelación de los recursos para el sinfín de programas en el mundo se realizó bajo el argumento de que se haría una evaluación de cada proyecto financiado por Estados Unidos y, constatar así, mediante la evaluación, que la cooperación estadunidense estuviese alineada con los intereses del país financiador. Tras esta evaluación, se concluyó que nuestro proyecto, por ejemplo, no solo debía detenerse, sino también cancelarse.
La congelación de recursos y la cancelación de programas es grave en tanto trae consigo una serie fatal de consecuencias: los medicamentos nunca llegarán, el acceso al agua no se podrá garantizar y miles de proyectos nunca serán ejecutados. A nivel laboral, la determinación provocó incertidumbre y, tras la incertidumbre, una serie de despidos en los que muchos quedamos por fuera. Además de las razones anteriormente ofrecidas, la decisión de concluir ciertas iniciativas es preocupante por lo que esta alineación significa, por lo que pretende y por los retrocesos que involucra.
En el proyecto del que hice parte dedicamos nuestros esfuerzos a hacer que las escuelas fuesen lugares más inclusivos para todos: para estudiantes afrodescendientes, para estudiantes con orientaciones sexuales no hegemónicas, para estudiantes migrantes. Convencidos de que hay pocos caminos para mejorar el clima escolar de las escuelas, abogamos por la celebración de las muchas y muy variadas manifestaciones de la diversidad, mientras defendíamos el reconocimiento incuestionable que merece cualquier forma de ser: ser mujer, ser negra, ser indígena, ser pobre, ser lesbiana. Con quienes hasta hace poco nos habíamos aliado para encarar la violencia escolar y hacerles frente a las violencias de género, al racismo, a la xenofobia y a la homofobia, han renunciado a la ayuda y, como si no hubiese sido suficiente, le han declarado la guerra a cualquier programa que promueva la diversidad y que favorezca la inclusión.
Esto no es solo un cambio de paradigma. Que hayan dejado de financiar proyectos de este tipo es una tosca amenaza para cualquier iniciativa que promueva el derecho de ser diferentes y se tratados como iguales. Tras la cancelación de proyectos hay un inquietante interés por censurar y suprimir las luchas por el reconocimiento de aquellos que ayer fueron invisibilizados, de aquellos que nunca fueron reconocidos y de aquellos que fueron condenados a un trato discriminatorio y que hoy, incluso hoy, singuen siendo invisibles, no reconocidos y excluidos.
