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En los últimos meses ha vuelto a plantearse la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente como supuesto mecanismo de transformación democrática. Sin embargo, más que una necesidad institucional, esta propuesta parece responder a una estrategia política: desplazar el debate sobre la gestión de gobierno hacia una discusión constituyente que reabra las reglas del sistema y altere el equilibrio diseñado por la Constitución de 1991.
La Constitución vigente no es un obstáculo para el progreso nacional. Por el contrario, representa uno de los mayores consensos democráticos alcanzados en la historia republicana. Fue el resultado de un amplio acuerdo político y social que permitió superar décadas de violencia, exclusión y crisis institucional. Su legitimidad proviene tanto de su origen democrático como de su capacidad para garantizar derechos, fortalecer instituciones y preservar la convivencia. La propia Constitución prevé mecanismos claros y suficientes para su reforma. El artículo 374 establece tres vías legítimas: el acto legislativo, el referendo constitucional y la Asamblea Nacional Constituyente. Pero ninguna puede utilizarse como instrumento de presión política ni como mecanismo de agitación permanente contra el orden constitucional vigente.
Lo preocupante es que la idea constituyente parece proyectarse no solo como iniciativa de gobierno, sino como herramienta de confrontación política destinada a prolongarse después de terminado el actual mandato presidencial. La insistencia en promover una narrativa según la cual las instituciones existentes son incapaces de responder a demandas sociales termina debilitando la legitimidad del sistema democrático y sembrando desconfianza frente a las reglas constitucionales. Las democracias no se erosionan únicamente mediante rupturas abruptas. También cuando desde el poder se estimula la idea de que las instituciones deben someterse a “refundación” permanente para responder a la voluntad política del gobernante de turno. Convertir la Constituyente en bandera de movilización política futura implica un escenario de inestabilidad institucional cuyos efectos pueden trascender un gobierno y afectar la seguridad jurídica del país.
La Constitución de 1991 permitió consolidar una democracia abierta, pluralista y garantista. Gracias a ella, Colombia fortaleció la protección de derechos fundamentales, amplió la participación ciudadana y consolidó la independencia judicial como límite indispensable frente a excesos del poder. Preocupa que desde sectores del Gobierno se desacrediten decisiones judiciales o se cuestione a las altas cortes cuando ejercen funciones de control constitucional. En una democracia, los jueces no gobiernan, pero sí garantizan que el poder actúe dentro de límites de la Constitución. Desconocer ese papel afecta la separación de poderes y erosiona uno de los pilares esenciales del Estado de Derecho. No es casual que el primer compromiso que adquiere el Presidente al posesionarse sea “cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia”. Ese juramento no es simbólico: constituye la base de la legitimidad democrática. Colombia no necesita sustituir su Constitución. Necesita que se respete, se cumpla y se haga cumplir.
