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Es claro que los conflictos armados y las guerras han venido transformándose, así como los Ejércitos —cada vez más pequeños, pero especializados— y con mayor capacidad tecnológica tanto en la inteligencia como en la forma de pensar y desarrollar los enfrentamientos —el uso de fuerzas paramilitares es cada vez más generalizado. Recordemos no sólo el caso de las llamadas empresas de seguridad privada norteamericanas en Irak, o los paramilitares rusos conocidos por su denominación de Wagner y con gran presencia en Ucrania y en el África contemporánea ahora con la denominación Africa Corps, pero igual en la guerra de Rusia con Ucrania, —donde todos sabemos hay batallones con mercenarios o exmilitares colombianos—, y donde una de las preocupaciones de los analistas de seguridad es qué tanta capacidad disuasiva siguen teniendo los países occidentales, porque evidentemente es la fórmula más importante para justamente prevenir las guerras.
En el caso de nuestro conflicto armado, todo indica que la amenaza de victoria militar de las fuerzas irregulares o lo que en decenios pasados llamaban ‘la toma del poder’, es algo impensable en el mundo de hoy, no sólo porque terminó la última fuerza insurgente que realmente le apostó a ello con dedicación, las extintas Farc que desaparecieron con el proceso de paz que concluyó con el Acuerdo de La Habana o del Teatro Colón, sino porque nuestra Fuerza Pública —Fuerzas Militares y Policía Nacional— adquirieron una alta capacidad militar y policial y adicionalmente contamos con un escenario internacional donde ello es impensable, pero igualmente con una sociedad fatigada de la guerra y convencida de que se debe pasar la página de la guerra y fortalecer la democracia liberal con sus ventajas e imperfecciones —que debemos ir progresivamente mejorando—. Sin embargo, la pregunta sigue siendo no sólo pertinente, sino de la mayor importancia: ¿qué capacidad disuasiva tiene nuestra Fuerza Pública?
Porque no hay duda de que los grupos armados irregulares —tanto los que siguen esgrimiendo algún discurso político, como aquellos que parecen tener sólo un deseo de control territorial y de rentas ilícitas— actúan con base en la capacidad disuasiva que muestre nuestra Fuerza Pública y en esto, además de la capacidad militar y policial, de sus dotaciones, juega un papel fundamental el nivel de legitimidad de la misma y ahí es evidente que hay dificultades. Lo que hemos conocido en medios de comunicación acerca de la manipulación de algunos de los grupos armados irregulares a sectores de la población civil para volcarlos contra la Fuerza Pública para que desalojen algunos espacios territoriales, es un precedente preocupante.
Igualmente es muy importante que el gobierno nacional tenga una posición clara frente a los grupos de naturaleza criminal —multicrimen como los denominan ahora— y cuando se plantea que hay que enfrentarlos militarmente, esta decisión se cumpla, porque lo que parece es que se asume cuando suceden hechos de violencia y pasados unos días el tema y la decisión se diluyen y ello tiene como resultado una pérdida de credibilidad y afecta la capacidad disuasiva de la Fuerza Pública.
Nada más preocupante para llegar al éxito de la paz total que tener una Fuerza Pública sin capacidad disuasiva.
