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Medellín pone fin a casi dos décadas de una concesión que convirtió las fotomultas en negocio. Desde 2026, la ciudad recupera ingresos, su autoridad y, sobre todo, la confianza de su gente.
Durante años, las cámaras de fotodetección fueron el rostro más impopular de la autoridad. Detrás de cada comparendo, miles de ciudadanos sentían que no había justicia, sino negocio y abuso. Que el sistema, más que cuidar vidas, se había convertido en una maquina recaudadora, fría, deshumanizada y diseñada para castigar.
El 6 de noviembre de 2025 Medellín dio un paso histórico: el alcalde Federico Gutiérrez anunció el fin de la concesión privada del sistema de fotodetección y el nacimiento del nuevo modelo, más humano, transparente y público. Que vuelve a tener un propósito claro: prevenir accidentes, salvar vidas y recuperar la confianza de la gente.
Durante casi veinte años, el convenio con UNE EPM Telecomunicaciones fue sinónimo de desequilibrio. Firmado en 2006 con la promesa de modernizar el tránsito, terminó convertido en esquema de concesión tecnológica que se prorrogó trece veces. El operador privado se quedó con más del 70 % de los ingresos, mientras el Distrito recibía una fracción mínima.
En la práctica, UNE actuó como integrador de servicios tecnológicos a través de un mecanismo de subcontratación con el Consorcio ITS Medellín, conformado por XM y Quipux S.A., quienes se convirtieron en beneficiarios directos del convenio.
De esa alianza nació el Centro de Control de Tránsito de Medellín, una infraestructura estratégica dirigida en gran parte por actores privados, que administraban la información, sistemas de seguimiento y el flujo operativo de los comparendos. El corazón tecnológico y operativo del tránsito quedó por años en manos externas, con participación pública cada vez más marginal.
Entre 2016 y 2025, el sistema movió más de $239.000 millones, y más del 70 % de ese dinero fue al operador. Desde 2011, el recaudo supera el billón de pesos, según cifras oficiales de la Secretaría de Movilidad.
Un modelo que terminó siendo un mal negocio para Medellín y un gran negocio para unos pocos. Los informes de la Contraloría Distrital y la Red de Veedurías Ciudadanas ya lo habían advertido: entre 2011 y 2012 se dejaron de registrar millones en ingresos, y la base de datos operada por los privados presentaba inconsistencias. Las auditorías concluyeron que el concesionario manejaba información sensible sin cláusulas de confidencialidad y que el contrato garantizaba su rentabilidad incluso si el sistema no generaba ingresos esperados.
Aunque las cámaras contribuyeron a salvar vidas —Medellín redujo 40 muertes en el último año, pasando de 241 a 201 víctimas—, el desequilibrio saltaba a la vista. A partir de enero de 2026, el sistema de fotodetección será propiedad del Distrito de Medellín y estará operado por la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas. Los ingresos anuales pasarán de $44.000 millones bajo concesión a más de $100.000 millones con operación pública. Un incremento del 125% en recursos para invertir en malla vial, transporte público, semaforización moderna, cultura ciudadana y educación vial.
