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Colombia cierra el 2025 bajo una densa niebla de incertidumbre, alimentada por una estrategia política que parece privilegiar el conflicto sobre la gestión. El gobierno de Gustavo Petro ha perfeccionado una narrativa peligrosa: la del mandatario maniatado por “fuerzas oscuras”. En este relato, cualquier fracaso administrativo o hundimiento legislativo no es responsabilidad de la gestión pública en cabeza del Ejecutivo, sino culpa de enemigos invisibles —o convenientemente señalados— que impiden el avance del cambio. Bajo este pretexto, el gobierno ha lanzado tres cartas que, más que soluciones, parecen maniobras de distracción frente a un riesgo institucional sin precedentes en pleno año electoral.
Primero, la reactivación de la Asamblea Nacional Constituyente. Presentada como la “voluntad del pueblo”, no es más que una herramienta de presión para saltarse un Congreso que, en ejercicio de su independencia, ha cuestionado reformas mal diseñadas. Al agitar el fantasma constituyente, el presidente busca deslegitimar las instituciones actuales, vendiendo la idea de que solo una ruptura total del orden vigente permitirá cumplir sus promesas. El peligro social de esta jugada es inmenso: profundiza la polarización y debilita el respeto por las reglas del juego democrático, dejando al país en un limbo jurídico permanente mientras se acerca la contienda por la presidencia.
Segundo, el reciente decreto de emergencia económica. Tras el naufragio de su reforma tributaria, el Gobierno optó por la vía del atajo. Argumentando una “crisis fiscal” que él mismo ayudó a profundizar con baja ejecución, aumento desmedido de la burocracia y mensajes erráticos a los inversionistas, Petro pretende recaudar por decreto lo que no logró por la vía legislativa. Esta medida ignora que la emergencia económica es para catástrofes, no un sustituto de la labor del Congreso de la República. El riesgo institucional es evidente: si se permite que el Ejecutivo legisle impuestos a su antojo, el equilibrio de poderes habrá pasado a mejor vida, sentando un precedente autoritario nefasto que solo seguirá aumentando la zozobra e ignorando la grave crisis fiscal que atravesamos.
Finalmente, el aumento del salario mínimo al 23% para 2026 corona esta trilogía de populismo puro. Aunque suena a alivio para el trabajador, es una medida irresponsable que ignora la realidad de las Pymes y la productividad. Al decretar un aumento desbordado justo antes de las elecciones, el Gobierno asegura un aplauso momentáneo, pero traslada el incendio de la inflación y el desempleo al siguiente mandatario. Es el “regalo” más costoso de la historia: una victoria pírrica que se pagará con informalidad y quiebras masivas.
En conclusión, estas tres jugadas no son eventos aislados, sino parte de una coreografía del victimismo. Al culpar a las cortes, al Congreso y a los empresarios, el presidente elude su responsabilidad sobre el deterioro del orden público. Detrás de estos fantasmas de cambio, lo que realmente asoma es un país con instituciones socavadas y una economía al borde del abismo. El costo de este “todo por el todo” lo pagaremos los colombianos mucho después de que este mandato termine, cuando la realidad económica desmonte, finalmente, el espejismo de las promesas incumplidas..
