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La promesa fue clara: si su permanencia llegaba a afectar la estabilidad de Ecopetrol, daría un paso al costado. Hoy, tras en deterioro sostenido en las cifras, indicadores y en la confianza institucional de la empresa más emblemática del país, Ricardo Roa continúa aferrado a la presidencia de Ecopetrol, el conglomerado público más importante del país.
Durante su administración, el valor bursátil de Ecopetrol ha sufrido una caída superior al 50%. En abril de 2022, la acción se cotizaba en USD 19,13; hoy ronda los USD 8,65, tras tocar mínimos históricos de USD 7,36 en 2024. Es una crisis específica, provocada y evitable.
En abril pasado, Fitch Ratings redujo la perspectiva crediticia de “estable” a “negativa”, citando el debilitamiento del gobierno corporativo. En paralelo, la Junta Directiva —influenciada por cuotas políticas del actual gobierno— aprobó un contrato por USD 5,8 millones con una firma de abogados estadounidense para llevar a cabo la denominada “Operación Casita”: una estrategia que, según reveló El Tiempo, tenía como objetivo proteger al presidente de Ecopetrol de futuras investigaciones, y también interceptar comunicaciones al interior de la empresa.
Un informe de una firma internacional, contratado por Ecopetrol, referencia que, la permanencia de Roa representa un riesgo “ALTO” y “MUY ALTO” en los frentes reputacional, operativo, comercial, regulatorio y de gobernanza. La matriz de riesgos identificó cinco escenarios críticos.
El escenario más alarmante está vinculado a las investigaciones por la presunta violación de topes de financiación durante la campaña presidencial de Petro. La Procuraduría determinó que el Pacto Histórico debe devolver más de $154.000 millones por irregularidades detectadas en su contabilidad. En medio de ese entramado financiero aparece Ricardo Roa, quien, en calidad de gerente de campaña, fue el responsable de coordinar los aspectos operativos y financieros.
El impacto de confianza ya se percibe, Shell se ha retirado de bloques estratégicos en el Caribe colombiano como Purple Angel y COL-5. Las inversiones extranjeras en exploración y producción han disminuido.
Lejos de asumir alguna responsabilidad, Ricardo Roa comienza a sonar como ministro de Minas. En cualquier democracia seria, los errores de gestión, los escándalos e investigaciones darían lugar a un relevo inmediato.
Lo que vive hoy Ecopetrol es la cooptación de una institución por una red de intereses políticos, electorales y empresariales que operan como un entramado de control del poder. Se identifican actores con influencia sobre Ecopetrol y el entorno de poder que la rodea: Daniel Quintero, imputado por corrupción; Edwin Palma, actual ministro de Minas; Nicolás Petro, investigado por escándalos de financiación irregular; Euclides Torres, operador político de alto alcance; Armando Benedetti, hoy ministro del Interior; y Xavier Vendrell, articulador de relaciones internacionales con estrechos vínculos empresariales en Colombia.
Ricardo Roa debe renunciar. No como un gesto de grandeza, sino como el mínimo de responsabilidad frente a un proceso que hoy lo señala como el principal factor de riesgo para el futuro de Ecopetrol.
