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La torpeza con la que el llamado establecimiento político viene manejando la emulación electoral para elegir presidente, recuerda la tragedia electoral de hace cuatro años con las candidaturas de Petro y Hernández. Crea nerviosismo por la posibilidad de caer en la verdadera extrema izquierda, prolongándose y refinándose el poder cuasi omnímodo que en Colombia tiene el presidente de la República, con evidentes alteraciones al modelo de libertades.
En Colombia el presidente de la República es jefe de Estado, jefe de Gobierno, suprema autoridad administrativa, comandante supremo de las Fuerzas Armadas y, entre otras, controla las actividades financieras, bursátiles y aseguradoras del sistema económico colombiano. Interviene en la postulación para la elección de miembros de la Corte Constitucional, del procurador General de la Nación y del defensor del Pueblo. Es decir, limpia, lava y plancha.
Porque si bien es cierto que al presidente se le despojó de funciones con la elección popular de gobernadores y alcaldes, sus zarpazos se acrecientan cuando hay mandatos altaneros, como el del actual Gobierno. El mismo que hoy intenta vulnerar la autonomía fiscal de los departamentos, hecho que obligó a 20 gobernadores –encabezados por el liderazgo del de Antioquia– a invocar la excepción de inconstitucionalidad, consagrada en la propia Carta Política de 1991, para abstenerse de cumplir una norma revanchista a través de la Emergencia Económica, hecho que no solo viola la Constitución sino que contradice la esencia de la descentralización. La misma vulneración que de la Carta de 1858 originó, un año después, una de las varias guerras civiles entre centralistas y descentralistas del siglo XIX.
Otro asunto que se debía considerar para su reforma, sería que, cuando fracase la concertación entre empleadores y trabajadores para fijar el salario mínimo, sea la Junta Directiva del Banco de la República la que lo defina, tesis en la cual coinciden algunos expertos hacendistas. El Emisor es una entidad que goza de credibilidad por su solvencia técnica y profesional, y que ya tiene en sus manos la responsabilidad en la vigilancia del poder adquisitivo de la moneda. Se dejaría de lado la demagogia, como acaba de ocurrir al decretar un reajuste del salario mínimo desmesurado, que ha desatado no solo una carrera alcista que se tragó el porcentaje de incremento decretado para convertirse en una frustrante ilusión de bienestar, popular, sino un harakiri para las finanzas del Estado. Siete billones adicionales a un presupuesto deficitario tendrá que pagar la Nación por solo reajustes y nómina de pensiones a los empleados estatales. Por eso no se puede dejar esa decisión al Ejecutivo que desborda el manejo racional de las finanzas públicas y cuyos resultados fiscales e inflacionarios negativos se verán al término del 2026.
Sin aspirar a implantar un régimen parlamentario, como existe en algunas naciones europeas, sí se debe buscar, como se ha logrado en algunos sistemas de gobierno no solo europeos sino vecinos, una figura mixta en donde se aligere el excesivo peso presidencial en la vida republicana, ojalá a través de una reforma constitucional consensuada en el Congreso de la República.
