Pico y Placa Medellín
viernes
2 y 8
2 y 8
Las gigantescas marchas ciudadanas del pasado domingo fueron aplastantes para el mal gobierno que rige a Colombia. Constituyeron la confirmación de los resultados de la última encuesta de Invamer que reprueban la gestión petrista. La gente marchó sin presiones, sin dádivas, movida por el sentimiento de defender un país que se deshace en las manos del revanchismo populista. Pacíficas como respuesta a camorreros y aventureros. En ellas debe ver el presidente al real constituyente primario que sí tiene formación democrática.
Las encuestas fueron el prólogo a las marchas. Reflejaban lo que se venía. La firma Invamer con sus cifras vaticinaba el irrefrenable descontento. En las seis grandes ciudades colombianas se cosechó el desprestigio de Petro. En Bogotá tiene una opinión desfavorable del 58% contra una favorable del 36%. En Medellín su tragedia es la peor: el 74% lo repudia contra un 20% que lo apoya. En Barranquilla el 56% lo reprueba contra un 39% que lo acepta. En Bucaramanga su imagen es desastrosa, con el 74% desfavorable contra un 23% que aún cree en él. En Cartagena se hunde con el 53% contra un 39% que lo favorece. Solo en Cali logra un empate técnico, al mostrar 44% a su favor contra un 42% en contra. En el país, su imagen desfavorable es del 60% contra un 34% favorable. Resultados que son consecuencia de su pugnacidad, que el domingo el pueblo en las calles cobró por ventanilla.
Esas cifras en rojo son consecuencia de tantas acusaciones contra compadres y la familia presidencial. El Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía y la Comisión de Acusación de la Cámara trabajan en investigaciones formales contra quienes hoy gozan de altos empleos, de contratos jugosos y de embajadas, así como a financiadores acusados de manejar dineros ilícitos que aportaron a la campaña como Fecode y la USO. También platas sospechosas de captadoras de dineros comprometidas en escándalos por costear vuelos a la campaña Petro, que ni siquiera se anotaron como donaciones. Todas esas sumas contabilizadas llegan a 6.000 millones de pesos –sin contar los $15.000 millones que dijo haber recogido Benedetti– que no solo violaron los topes legales sino que no aparecen registrados en la contabilidad presentada ante el Consejo Electoral. Todo ese vendaval de trapisondas resta validez ética al ejercicio del poder. El país ha podido soportar tantos escándalos por la esperanza de que sus Cortes y órganos de control recuperen su fortaleza institucional.
Por todo eso y más, Colombia marchó por las calles, para mostrar su repudio ante tantas violaciones a la ley y a la ética, ratificando lo expresado en las encuestas de opinión. Desde Antioquia, el llamado constituyente primario ensordeció, con el canto de su himno a la libertad, a los inquilinos de la Casa de Nariño. Lo de Medellín fue de antología.
P.D.: En las calles también se le recordó al presidente Petro la vigencia de su repetida frase: “Con un solo peso conseguido a través del fraude, se anula una elección”.
