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Colombia no puede guardar silencio ante una catástrofe provocada. Mientras el relato oficial de Gustavo Petro se ancló de forma obsesiva en la cifra de 6.402 para estigmatizar el pasado, fracturar al país y ensañarse en una persecución política sin precedentes contra el expresidente Álvaro Uribe, su administración desató una crisis silenciosa en los hogares. Hoy, según organismos internacionales y estadísticas de desabastecimiento de medicamentos e insumos, esa cifra amenaza con ser superada por el número de muertes evitables que este Gobierno permite por pura desidia e ideología.
El caso de Kevin Arley, el niño de siete años que murió esperando sus medicamentos por parte de una EPS intervenida por el gobierno, no es un accidente. Es resultado de un sistema que asfixian, sin importar cuántas familias queden destrozadas. Al demoler el modelo de salud, dejan a pacientes crónicos a merced de la negligencia administrativa con consecuencias fatales. No son balas: son firmas que no se ponen y recursos que no se giran.
Aquí la gente ya no solo cae por la violencia que este Gobierno dejó crecer bajo una falsa “paz total”; hoy la gente se muere por tutelas no acatadas y tratamientos médicos interrumpidos. El British Medical Journal lo gritó al mundo: “La política destruyó el sistema sanitario de Colombia”. No es un ataque personal; es la ciencia advirtiendo que la soberbia ideológica y el odio al sector han convertido la vida de los ciudadanos en un botín político.
Las cifras de esta tragedia no mienten y son reflejo de un sistema que dejan morir. Entre 2023 y cierre de 2025, las quejas y reclamos en las ocho EPS bajo el control del Gobierno se dispararon en 51,4 %, pasando de 623.636 registros a casi un millón de ciudadanos clamando por atención en el último año. En Nueva EPS, en el régimen contributivo, los reclamos saltaron de 197.293 a 369.243, duplicando prácticamente la tasa de desatención por cada diez mil afiliados.
¿Dónde quedó la “potencia mundial de la vida”? Intervienen EPS bajo la promesa de una mejora que resultó ser un caos. Hoy, millones de colombianos están bajo el control de un Estado que ha demostrado ser un administrador inepto, que parece contemplar el desabastecimiento con una indiferencia que hiela la sangre. Si la responsabilidad política se castigara con rigor, este Gobierno tendría que explicar por qué su terquedad ha condenado a más ciudadanos a una muerte evitable que las mismas causas que ellos tanto critican. Son arquitectos de una emergencia humanitaria sin precedentes. Pasamos de un sistema con cobertura a un modelo de “sálvese quien pueda”, donde la vida depende de si eres amigo del poder o si tienes cómo pagar una atención privada.
Esta tragedia era evitable. Prefirieron el chuchuchu del sistema y el aplauso de sus bases antes que reconocer que la salud necesitaba ajustes, no una demolición. El daño al talento médico y a los pacientes más humildes es, en muchos casos, ya irreparable. Petro debe entender que la historia no lo juzgará por sus trinos, sino por las vidas que su soberbia no permitió salvar. Si el relato de los 6.402 fue su bandera para incendiar el país, que se prepare, porque el juicio de la realidad será implacable: no hay mayor violencia que la de un Estado que, teniendo los recursos, decide dejar morir a su gente por capricho ideológico.
A usted, presidente, lo juzgará el llanto de las madres que hoy se quedan sin sus hijos por su negligencia al prometer un cambio que terminó empeorando la vida y la salud.
